Mientras estos días se multiplican los artículos sobre el 50 aniversario de la proclamación de la República Saharaui, hay un hecho esencial que apenas aparece en los grandes medios: el Sáhara Occidental está oficialmente en guerra desde noviembre de 2020. El alto el fuego firmado en 1991 bajo auspicios de Naciones Unidas quedó roto tras la intervención militar marroquí en la zona de Guerguerat. Desde entonces, el Frente Polisario declaró el fin del acuerdo y las hostilidades se reanudaron a lo largo del muro militar que divide el territorio, una franja fortificada de más de 2.700 kilómetros que separa las zonas ocupadas por Marruecos de los territorios controlados por la República Árabe Saharaui Democrática.

No se trata de una guerra convencional con imágenes diarias, ruedas de prensa militares o enviados especiales retransmitiendo desde el frente. Es una guerra de baja intensidad, intermitente, localizada principalmente en el este del muro, pero constante. Ataques de artillería, bombardeos selectivos, uso de drones, comunicados militares casi diarios del Ejército de Liberación Popular Saharaui y un despliegue permanente del ejército marroquí en uno de los dispositivos defensivos más extensos del mundo. Sin embargo, fuera de los partes oficiales de una y otra parte, el conflicto apenas ocupa espacio en la agenda internacional.

El silencio no es casual. El acceso independiente al territorio está prácticamente bloqueado. Periodistas extranjeros encuentran enormes dificultades —cuando no prohibiciones directas— para entrar en El Aaiún o en otras ciudades de los territorios ocupados. Activistas saharauis son vigilados, expulsados o detenidos cuando intentan documentar protestas o abusos. Las organizaciones internacionales de derechos humanos denuncian desde hace años restricciones sistemáticas a la libertad de información. El resultado es un vacío informativo que convierte la guerra en un ruido de fondo lejano, sin imágenes, sin testimonios directos y, por tanto, sin presión pública.

A esa invisibilidad contribuye también la narrativa dominante que presenta el conflicto como “congelado” o reducido a una disputa diplomática. Mientras se habla de rondas en Washington, resoluciones del Consejo de Seguridad o planes de autonomía, la dimensión militar queda diluida. Pero la realidad es que, más de cinco años después de la ruptura del alto el fuego, el escenario estratégico del Magreb y del Sahel ha quedado reconfigurado. Mantener una guerra de desgaste durante más de cinco años no es un detalle menor: es un factor de inestabilidad regional que interactúa con las tensiones en Mali, Níger o Libia y con los intereses energéticos y minerales que atraviesan el norte de África.

Como recordó el presidente de la República Saharaui, Brahim Ghali, en su discurso por el 50º aniversario, el pueblo saharaui no renunciará a su derecho inalienable a la autodeterminación ni aceptará soluciones que consoliden la ocupación. En ese marco, la reanudación de las hostilidades desde 2020 no es un episodio aislado, sino la consecuencia directa de una descolonización bloqueada durante décadas.

En España, el silencio resulta aún más llamativo. El país que figura jurídicamente ante Naciones Unidas como potencia administradora de iure apenas debate que, en el territorio que un día fue su provincia 53, se desarrolla desde hace más de cinco años un conflicto armado activo. La guerra existe, aunque no aparezca en los telediarios. Y mientras no se hable de ella, será más fácil normalizarla, gestionarla o sacrificarla en nombre de equilibrios diplomáticos o acuerdos económicos.

Ignorar una guerra no la hace desaparecer. Solo la vuelve más cómoda para quienes prefieren cerrar el conflicto sin resolverlo. Pero los hechos son obstinados: el alto el fuego está roto, las hostilidades continúan y el pueblo saharaui sigue pagando el precio de una descolonización que la comunidad internacional decidió aplazar indefinidamente. El Sáhara Occidental no es un expediente diplomático ni una efeméride anual. Es un conflicto abierto en el que se juega algo más que territorio: se juega la credibilidad misma del derecho internacional.

Victoria G. Corera – Plataforma NO TE OLVIDES DEL SAHARA OCCIDENTAL