Debate de moción del EAJ-PNV por la que el Senado manifiesta su preocupación por la violación del alto el fuego y la escalada de hostilidades en el Sáhara Occidental y solicita respeto de acuerdos de alto el fuego vigentes desde 1991

Debate de moción del EAJ-PNV por la que el Senado manifiesta su preocupación por la violación del alto el fuego y la escalada de hostilidades en el Sáhara Occidental y solicita respeto de acuerdos de alto el fuego vigentes desde 1991


TEXTO DE LA MOCIÓN

El pasado 13 de noviembre el Ejército Real de Marruecos lanzó una operación militar en la zona de distensión de Guerguerat, cerca de la frontera con Mauritania, peligrando el Acuerdo de Alto el Fuego auspiciado por las Naciones Unidas y suscrito por Marruecos y el Frente Polisario, y que entró en vigor en 1991.


A aquel acuerdo le siguió la Resolución 690 del Consejo de Seguridad de la ONU, de 29 de abril de 1991, que creó la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO). Su misión consistía en ser
garante del acuerdo, que incluía el mantenimiento de la paz y la organización de un referéndum en el único territorio no descolonizado del continente africano. Es evidente que, en todo este tiempo, la misión de la MINURSO, si bien ha sostenido una muy frágil paz hasta el pasado 13 de noviembre y ha preservado un quebradizo status quo, no ha sido capaz de avanzar en la celebración del referéndum ni en la articulación de una verdadera solución política que ofrezca estabilidad, paz, seguridad y progreso en la zona mediante una solución política negociada basada en el derecho de autodeterminación que asiste al Pueblo Saharaui.


La crisis del Sahara Occidental constituye un fracaso para la ONU y su Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO), que mantiene una encomienda clara: vigilar el alto el fuego y organizar un referéndum de autodeterminación. La ONU debe movilizarse para mediar y buscar la solución en un conflicto que parece que se quiere abandonar. Y España, por razones históricas, políticas y jurídicas debería tener un papel activo en ello. También la Unión Europea (UE) y la Unión Africana (UA).


Han pasado más de cuatro décadas sin que la Comunidad Internacional haya cumplido su deber de mediación y solución. Sin embargo, el proceso de descolonización del Sahara Occidental sigue sin haber concluido.


Resulta necesaria una clara determinación para implementar las resoluciones de la ONU respecto al Sahara Occidental. Se trata de un territorio no autónomo bajo el control de las Naciones Unidas, conforme al Derecho Internacional, a la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, al dictamen de la Corte Internacional de Justicia de La Haya de 1975, que determina que Marruecos carece de soberanía sobre él.
El status quo actual es inaceptable. Dura ya demasiado tiempo de manera injustificada. Es esencial realizar progresos concretos bajo una hoja de ruta efectiva y con compromisos y plazos concretos.

La dejadez de la Comunidad Internacional ha jugado en favor del más fuerte pues Marruecos explota las riquezas pesqueras del territorio, las minas de fosfatos y desde hace 10 años fomenta una potente industria turística.


La Comunidad Internacional requiere de visión y compromiso para fortalecer las organizaciones multilaterales como la ONU, cimentadas en derechos fundamentales, para que al amparo y la vigencia de los principios democráticos prevalezcan sobre la fuerza de los más poderosos el respeto mutuo y la cooperación en beneficio de todos.


La UE debe respetar sus compromisos internacionales, así como sus propios Tratados en todas sus actividades y políticas relativas al Sahara Occidental, y asumir su responsabilidad conforme a su pretensión de ser una entidad geopolítica global defensora de sus principios y valores. En el mismo sentido, la Unión Africana (UA) debe contribuir a una solución política en los términos de las resoluciones de la ONU, aportando, además, un marco de cooperación y colaboración satisfactorio para las partes en conflicto.


España tiene una responsabilidad histórica relevante en el conflicto político del Sahara Occidental. Ya en 1963, así como en 1975, la ONU pidió “al Gobierno de España que, en su calidad de Potencia administradora y de conformidad con las observaciones y conclusiones de la Misión Visitadora y con arreglo a la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, adopte inmediatamente todas las medidas necesarias en consulta con las partes involucradas e interesadas, de forma que todos los saharianos originarios del Territorio puedan ejercer plena y libremente, bajo supervisión de las Naciones Unidas, su derecho inalienable a la libre determinación”. Por su parte, en un Auto de la Audiencia Nacional de 2014, esta jurisdicción afirmó que “España al ingresar en las Naciones Unidas, y firmar la Carta de las Naciones, reconoció el hecho colonial del Sahara español, contrayendo una serie de obligaciones, y convirtiéndose en Potencia administradora”.

En consecuencia, el Gobierno de España debe desarrollar un papel y activo, tanto en el seno de la UE, como en la ONU y en otras Organizaciones Internacionales, apoyando y facilitando cuantas gestiones sean necesarias en dichas Organizaciones, en lo que debe constituir una Política de Estado al margen de disputas políticas partidistas e interesadas que no benefician en la búsqueda de una solución política al contencioso saharaui.


El reciente reconocimiento de la Administración del anterior presidente de los Estados Unidos de la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental complican aún más la posibilidad de la solución negociada en un conflicto cada vez más olvidado y que está durando demasiado tiempo. Se trata de una decisión equivocada.


Es necesario recordar las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el Sahara Occidental, donde se corroboran su firme apoyo a los esfuerzos del Secretario General de Naciones Unidas y de su enviado especial para mediar y ayudar a las partes a lograr una solución política justa, duradera, y mutuamente aceptable, que permita a través de un referéndum el derecho de autodeterminación del Pueblo Saharaui,


como paso final al proceso de descolonización inacabado. Resulta imprescindible apoyar a la ONU y a su Secretario General, solicitándole efectividad en su trabajo y misión.
Resulta necesario también mejorar la situación de los derechos humanos en el Sahara Occidental y en los campamentos de Tinduf, aseguren el pleno respeto de los los mismos, teniendo presentes sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional, y, en su caso, ampliando los objetivos de la ONU a través de la MINURSO.


Igualmente, resulta lamentable las constantes penurias que padecen los refugiados saharauis y su dependencia de la asistencia y ayuda externa para cubrir de manera adecuada las necesidades básicas y evitar la reducción de las raciones alimentarias. Parece evidente que existe una insuficiencia de los fondos destinados a los refugiados de Tinduf y resulta muy preocupante los riesgos que conlleva la reducción de la asistencia alimentaria.


En este sentido, aunque deberían incrementarse, resulta muy destacable los esfuerzos de las Administraciones que a distintos niveles se realiza para el apoyo solidario y humanitario y, sobre todo, la implicación solidaria de la sociedad civil con sus asociaciones, federaciones y colectivos solidarios y sociales en su permanente sensibilidad y compromiso con la ayuda solidaria para con el Pueblo Saharaui. Las Caravanas Solidarias con ayuda humanitaria o el programa “Vacaciones en paz” son un máximo exponente de todo ello.


El diálogo, la negociación y el acuerdo, llevados a cabo de manera constructiva, de buena fe y con una hoja de ruta concreta y conforme al Derecho Internacional y a las resoluciones de la ONU es el único camino para encontrar una solución política justa, duradera y mutuamente aceptada por las partes. Resulta imprescindible desarrollar sin descanso todos los esfuerzos necesarios para mantener un diálogo y unas negociaciones permanentes y efectivas.


Esta solución política constituye la única vía para lograr el adecuado equilibrio y estabilidad en la región, que es de vital importancia para el Mediterráneo, para España y para la propia Europa. Resulta imprescindible que, mirando al futuro, las relaciones en la zona se basen en el respeto y el reconocimiento mutuo y en una colaboración tanto bilateral como multilateral. Es imprescindible pasar de una lógica del enfrentamiento y de la rivalidad a otra radicalmente opuesta basada en la colaboración y la cooperación que redunde en el beneficio de toda la región en términos de paz, derechos humanos, estabilidad y progreso económico y social.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), presenta la siguiente Moción consecuencia de interpelación:


MOCIÓN


El Senado:


1.- Manifiesta su más profunda preocupación por el deterioro de la situación en general en el Sahara Occidental y, especialmente, por la operación militar desarrollada por Marruecos el pasado 13 de noviembre de 2020 en la zona de distensión de Guerguerat, que hace peligrar el Acuerdo de Alto el Fuego de 1991 auspiciado por las Naciones Unidas y suscrito por Marruecos y el Frente Polisario.


2.- Pide que se revierta esa situación y que las partes mantengan la calma y se abstengan de llevar a cabo cualquier acto de violencia, provocación o uso de la fuerza, que se mantenga la plena voluntad de adhesión a los compromisos contraídos con el fin de mantener el impulso al proceso político del Sahara Occidental y que las partes se comprometan a continuar el proceso de diálogo y negociación, respetando así plenamente los acuerdos militares concertados con la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO) respecto al alto el fuego, al objeto de evitar perjudicar las negociaciones o desestabilizar aún más la situación en el Sahara Occidental y en la región.


3.- Solicita respeto de los acuerdos de Alto el Fuego vigentes desde 1991 y reitera el pleno apoyo a los esfuerzos de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO) al objeto de que cumpla plenamente y con determinación su misión. Igualmente, muestra su apoyo a la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU de ampliar su mandato hasta el 31 de octubre de 2021 y pide al Secretario General que nombre cuanto antes a su nuevo Enviado Personal para el Sahara Occidental al objeto de que cumpla debidamente su cometido.

4.- Pide, pese a las tensiones, la reanudación de las conversaciones y negociaciones permanentes, creíbles y constructivas bajo el liderazgo de las Naciones Unidas y de un nuevo Enviado Personal del Secretario General de las Naciones Unidas para el Sahara Occidental con una hoja de ruta efectiva, con objetivos concretos y unos plazos claros, en el convencimiento de que sólo el diálogo, la negociación y el acuerdo llevado a cabo de buena fe y de manera constructiva, conforme al Derecho Internacional y a las resoluciones de la ONU, son el único camino para el logro de la paz, la convivencia, la confianza, la seguridad y el progreso económico y social en la región.


5.- Manifiesta su pleno apoyo a los esfuerzos de las Naciones Unidas y a su Secretario General con vistas a encontrar una solución al conflicto político en el Sahara Occidental, que deben ser intensificados muy notablemente y en el que deben colaborar las partes y los países vecinos de la región, especialmente, la Unión Africana (UA).


6.- Subraya que el status quo actual es inaceptable y que resulta imprescindible una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable basada en la autodeterminación del Pueblo Saharaui, de conformidad con las resoluciones de Naciones Unidas, a través del instrumento político de un referéndum libre, democrático y con garantías, y apelando a la responsabilidad de todas las partes a este respecto, en un conflicto que dura ya demasiado tiempo de manera injustificada.


7.- Señala que una solución política a la cuestión del Sahara Occidental es fundamental para la cooperación regional entre los países del Magreb y la estabilidad, la seguridad y la prosperidad de la región, que es vital para el Mediterráneo, para España y, por lo tanto, para el conjunto de Europa.

8.- Insiste en la necesidad de estudiar el establecimiento de un mecanismo de control del respeto a los Derechos Humanos en el Sahara Occidental.

9.- Solicita que, en el respeto a sus propias decisiones soberanas, Estados Unidos de América revise la decisión de reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental y que complica aún mas la posibilidad de una solución negociada.


10.- Reconoce que España tiene una responsabilidad histórica relevante y especial en el conflicto político del Sahara Occidental, por lo que pide al Gobierno español que adquiera el protagonismo activo correspondiente y apoye y facilite en la ONU, en la UE y en resto de Organizaciones Internacionales una solución política conforme al Derecho Internacional y a las resoluciones de la ONU, en lo que debe constituir una Política de Estado alejada y despojada de controversias y enfrentamientos partidistas, que en nada favorecen la solución política requerida.


11.- Pide a la UE que respete el Derecho Internacional, sus compromisos internacionales y sus propios Tratados en todas sus actividades y políticas relativas al Sahara Occidental y a que inste al reino de Marruecos a que acate el Derecho Internacional en lo que se refiere a la explotación de los recursos naturales del Sahara Occidental, en virtud de las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE.


12.- Hace un llamamiento a las organizaciones internacionales y europeas para Incrementar en lo posible la Ayuda Humanitaria necesaria para ayudar a cubrir las necesidades básicas de alimentos, agua, alojamiento y servicios médicos y para mejorar las condiciones de vida del Pueblo Saharaui.


13.- Expresa su más sincero agradecimiento y reconocimiento a todas las Administraciones y organizaciones sociales del Estado español en su labor humanitaria y solidaria con el Pueblo Saharaui y les anima a que persistan e incrementen su apoyo en lo posible, ya que constituye una encomiable muestra del compromiso de la sociedad civil y de las Administraciones con los valores de los Derechos Humanos y la solidaridad.

14.- Manifiesta su convencimiento de que la solución política bajo los principios enunciados constituye un factor de equilibrio y de estabilidad en la región, que es de vital importancia para el Mediterráneo y para la propia Europa. Considera que resulta imprescindible que, mirando al futuro, las relaciones en la zona deben basarse en el respeto y el reconocimiento mutuos y en una colaboración tato bilateral como multilateral. Subraya que es imprescindible pasar de una lógica del enfrentamiento y de la rivalidad a otra radicalmente opuesta basada en la colaboración y la cooperación que redunde en el beneficio de toda la región en términos de paz, derechos humanos, estabilidad y progreso económico y social.