“En el contexto bélico actual, es evidente que los buques de guerra forman parte del material que Marruecos pretende destinar a perpetuar su ocupación militar del territorio, como igualmente obvia, su amenaza a la estabilidad regional y a la paz”.
Sevilla (España), 10 de febrero de 2021 (SPS)- Organizaciones de la sociedad civil andaluza y del movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui se han unido para expresar su “mas enérgica condena” a los “acuerdos suscritos por la empresa pública Navantia con el régimen feudal marroquí en clara violación de las obligaciones internacionales de España como potencia administradora del territorio, y que constituye además, una nueva traición al pueblo saharaui en un momento en que es víctima de una guerra de agresión y de exterminio”.
“El pasado 9 de enero, la ministra de Hacienda del gobierno de España y miembro del partido socialista andaluz, la Sra. María Jesús Montero, anunció un acuerdo con Marruecos en virtud del cual, la empresa pública Navantia procederá a la construcción de un buque de guerra, por un importe de 150 millones de euros”, lamentan los firmantes.
Asimismo, las organización se remiten al “Real Decreto 2061/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de control del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso, establece en su artículo 7.1. a) que, “las autorizaciones a que se refiere el artículo 2 podrán ser suspendidas, denegadas o revocadas en los supuestos siguientes:
“Cuando existan indicios racionales de que el material de defensa, el otro material o los productos y tecnologías de doble uso puedan ser empleados en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o regional, puedan exacerbar tensiones o conflictos latentes, puedan ser utilizados de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, con fines de represión interna o en situaciones de violación grave del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario, tengan como destino países con evidencia de desvíos de materiales transferidos o puedan vulnerar los compromisos internacionales contraídos por España”.
“Igualmente”, añaden las organizaciones, aclarando, “ denunciamos el uso perverso que hacen el gobierno y otros sectores, del argumento de la creación de puestos de trabajo para justificar la violación de los derechos humanos de todo un pueblo. Somos conscientes de las difíciles condiciones de trabajo y de la elevada tasa de paro existente tanto en ese territorio como en muchos de la geografía española, en especial, como consecuencia de las sucesivas reconversiones industriales. Pero esta situación no justifica un acuerdo cuando la supervivencia de todo un pueblo está en juego. Tan víctimas son los trabajadores que sufren obscenas condiciones laborales como los saharauis que se ven abocados a un conflicto armado para liberar su propia tierra; rehenes de un régimen déspota que se ha servido constantemente de nuestros gobiernos para llevar a cabo los más horrendos crímenes de genocidio, de guerra y de lesa humanidad”.
Advirtiendo sobre la ilegalidad de cualquier acuerdo militar con Marruecos, las distintas organizaciones citan la Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 24 de octubre del 1970: “Todo Estado tiene el deber de abstenerse en sus relaciones internacionales de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. Tal amenaza o uso de la fuerza constituye una violación del Derecho Internacional y de la Carta de las Naciones Unidas y no se empleará nunca como medio para resolver cuestiones internacionales. Una guerra de agresión constituye un crimen contra la paz, que, con arreglo al Derecho Internacional, entraña responsabilidad”.
La Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 14 de diciembre de 1960, sobre la concesión de la independencia a los pueblos y países coloniales, la Resolución 2131 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 21 de diciembre de 1965, y la Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 24 de octubre del 1970, son para los denunciantes argumento mas que suficientes para condenar a Marruecos por el “uso de la fuerza”, responsabilizar a España por sus obligaciones en el Sahara Occidental.