• Un grupo de activistas saharauis, entre ellos un sordomudo enfermo de cáncer y un matrimonio con una niña de año y medio, se ha negado a subir a un avión con destino a Marruecos.

Alfonso Lafarga.-

Activistas saharauis han conseguido en la madrugada del lunes no ser deportados al negarse a subir al avión que les iba a trasladar a Marruecos por decisión del Gobierno y en contra de su voluntad al estar perseguidos por la policía marroquí por su activismo político en el Sáhara Occidental ocupado.

En un avión que tenía previsto despegar sobre las 23.50 horas del domingo del Aeropuerto de Madrid-Barajas estaba previsto  el envío de alrededor de 40 saharauis  -hombres, mujeres y varios menores- retenidos en las salas de inadmitidos en las terminales 1 y 4 y a los que el Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, ha denegado reiteradamente protección internacional.

Cuando ya se encontraban en la pista bajo un amplio dispositivo policial, según fuentes cercanas a los saharauis, un grupo se ha negado a subir al avión, mientras que otros al parecer sí que lo han hecho.

Finalmente, quienes se se han opuesto han sido devuelto a la sala de inadmitidos, donde algunos llevan más de veinte días intentado conseguir asilo y no ser entregados a las autoridades de Marruecos, que ocupa desde finales de 1975 el Sáhara Occidental, un territorio no autónomo pendiente de descolonización, según la ONU, y para el que el pueblo saharaui reclama el derecho a la autodeterminación y la independencia.

Varios de los activistas saharauis que no embarcaron se hicieron una foto con el signo de la victoria.

En el grupo que se ha negado a embar  se encuentra la mujer Rbab al-Tarad Yahi, de 27 años;  su marido, Mohamed Ali Mohamed Slimani, de 34, y la hija de ambos, Aziza, de año y medio. La mujer sufrió un aborto durante su estancia en Barajas y la hija se encontraba en mal estado, con heridas en la boca y salpullidos en la cara, además de haber perdido peso. Tampoco ha Ali Hammou, de 30 años, sordomudo enfermo de cáncer.

La decisión de deportar a estas personas se ha tomado en contra de los dictámenes del  Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en algunos casos hasta con dos informes, tal y como ha ocurrido con  el activista sordomudo.

Según fuentes de la defensa de los saharauis, no se han tenido en cuentan las pruebas presentadas, como fotografías, documentos, ordenes de comparecencia en el jugado, antecedentes o declaraciones de otros activistas que demuestran que son perseguidos en el Sáhara Occidental ocupado por las fuerzas de seguridad marroquíes . A esto se unió la designación de intérpretes marroquíes, que hablan dariya en lugar de hassania, el dialecto de los saharauis, en contra de la recomendación del Defensor del Pueblo. En varios casos los intérpretes marroquíes han sido denunciados  por tergiversar las declaraciones de los saharauis, como dijo Mohamed Bachir, que ya fue deportado y tras una escala en Casablanca pudo llegar a Mauritania, de donde procedía.

Precisamente para el lunes por la tarde estaba prevista la visita a los activistas saharauis de diputados e integrantes de la Comisión de Interior del Congreso, pero poco después de ser autorizada fue pospuesta por el Ministerio del Interior por “razones organizativas”.

La situación de los activistas saharauis motivó la intervención de los socios de Gobierno de Pedro Sánchez, Sumar: el diputado Enrique Santiago y la diputada Tesh Sidi, se personaron en el aeropuerto para visitar a los retenidos en la sala de inadmitidos, pero el Ministerio de Marlaska no se lo permitió, lo mismo que a la diputada de Podemos Ione Belarra, las eurodiputadas del mismo partido Irene Montero e Isa Serra y a la eurodiputada del BNG, Ana Miranda.

Partidos como Sumar, Podemos, ERC, EH Bildu o BNG, se mostraron en contra de la decisión de Interior de no conceder asilo a los activistas saharauis, lo que también hicieron organizaciones como Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), la Unión Progresista de Fiscales (UPF), la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), y el sindicato CC.OO).

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