- Las organizaciones judiciales afirman que no se pueden vulnerar los derechos de los solicitantes de asilo y alertan sobre el riesgo que corren si son entregados a Marruecos.
Contramutis.-
La asociación judicial Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) se han manifestado contra la expulsión de los activistas saharauis que se encuentran retenidos en el Aeropuerto de Madrid- Barajas, y advierten del riesgo que corren si son entregados a Marruecos.
JJpD solicita al Ministerio del Interior que garantice los Derechos Humanos de quienes soliciten protección internacional, “cumpliendo la legalidad vigente y la jurisprudencia, garantizando el principio de no devolución”, y que en sus resoluciones adopte un enfoque de protección de los Derechos Humanos, género e infancia.
Según JJpD, las personas retenidas en Barajas denuncian las “difíciles condiciones” en las que se encuentran: “hacinamiento, falta de higiene y de asistencia médica”, ante lo que 12 se encuentran en huelga de hambre.
Sobre esta situación se han pronunciado personas del control de Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Madrid, CEAR, Cruz Roja o el Defensor del Pueblo, “reclamando la mejora de sus condiciones, y que se garanticen los derechos que corresponden a cualquier persona privada de libertad”, a la vez que todos han solicitado que se garantice “el derecho a una interpretación en su propio idioma, como es el hassanía, lengua propia del Sahara Occidental, y no en dariya, asistidos de intérpretes de origen marroquí”.
Condena a España del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
Juezas y Jueces para la Democracia recuerda que España fue condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), el 22 de abril de 2014, por vulnerar los artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos que declaran el derecho a la tutela judicial efectiva frente a la vulneración por parte de terceros estados del derecho a la vida, y la posibilidad de ser sometidos a tratos inhumanos o degradantes.
La asociación señala que “el TEDH obligó a España a garantizar, jurídica y materialmente, que las personas solicitantes de asilo se mantuvieran en territorio español durante el examen de sus causas hasta que la decisión interna fuera adoptada”.
Afirman que la sentencia reconoce el riesgo que sufren los saharauis que viven en su territorio y hace referencia al régimen jurídico del territorio, recordando el informe de Hans Corell y los informes de la ONU, Human Rights Watch y Amnistía Internacional, que denuncian “la situación de la población saharaui en los territorios ocupados por Marruecos”. Y recuerda que en la Audiencia Nacional se siguen causas contra altos militares marroquíes por presuntos delitos de genocidio en concurso real con presuntos delitos de asesinato, detención ilegal, lesiones y contra la libertad sexual que habrían sido cometidos contra el pueblo saharaui desde la ocupación de Marruecos del territorio en 1975 hasta la fecha.
La asociación defiende que “los temores expresados por solicitantes de asilo relativos a los malos tratos susceptibles de ser padecidos en caso de retorno no son irracionales ni desprovistos de fundamento” y que se está denegando la solicitud de protección internacional en contra del criterio favorable del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que conforme a la Ley reguladora del Derecho de Asilo cumple un papel esencial en este procedimiento.
La Unión Progresista de Fiscales, por su parte, manifiesta su profunda preocupación por la situación de los saharauis retenidos en Barajas y advierte sobre las posibles consecuencias que su expulsión podría tener, tanto en el ámbito de los derechos humanos como en las obligaciones internacionales que España mantiene sobre el Sáhara Occidental.
La UPF recuerda que el Sáhara Occidental es un territorio no autónomo, pendiente de descolonización, y que España sigue siendo la potencia administradora de dicho territorio, tal y como lo han señalado diversas resoluciones de las Naciones Unidas, tanto de la Asamblea General como del Consejo de Seguridad. Estas resoluciones, junto con el dictamen del Tribunal Internacional de Justicia de 1975, establecen que la población saharaui tiene derecho a un referéndum de autodeterminación para decidir su futuro, algo que todavía no ha ocurrido.
Riesgos para los saharauis si son entregados a Marruecos
Señala que los saharauis en los territorios ocupados por Marruecos, en especial los activistas que defienden los derechos humanos, sufren continuas y graves violaciones de sus derechos. Informes y dictámenes de organismos internacionales como el Comité Contra la Tortura de la ONU y el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias han confirmado estos abusos.
La UPF reclama al Gobierno español que garantice los derechos de los saharauis que han solicitado asilo y advierte sobre los riesgos que supondría entregarlos a las autoridades marroquíes, lo que podría comprometer gravemente su integridad física y moral, además de poner en peligro su libertad personal.
La UPF afirma que la entrega de los solicitantes de asilo a Marruecos sería un incumplimiento de las obligaciones que España mantiene como potencia administradora del Sáhara Occidental, de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas. Esta acción podría interpretarse, según la UPF, como una colaboración activa con la ocupación marroquí del territorio, lo cual, afirman, sería una grave violación del derecho internacional y nacional en materia de asilo y refugio.
La UPF recuerda la condena a España en 2014 por el TEDH por la ejecución de resoluciones de expulsión similares y reclama al Gobierno español que respete el derecho internacional y garantice la protección de los saharauis solicitantes de asilo. Expulsarlos sin un análisis exhaustivo y definitivo de sus casos, advierte, no solo pondría en peligro sus vidas, sino que también supondría un grave incumplimiento de las obligaciones de España en el marco del Sáhara Occidental y en el respeto de los derechos humanos.