- El ministro del Interior no permite entrar en la sala de inadmitidos a la eurodipuatada Ana Miranda, del BNG, y pospone la visita de miembros de la Comisión de Interior del Congreso.
- Siendo presidente de Sala de la Audiencia Nacional, Marlaska recogió en un Auto que España como potencia administradora del Sáhara Occidental tiene la obligación de dar protección, incluso jurisdiccional, a sus ciudadanos contra todo abuso.
Alfonso Lafarga .-
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no está dispuesto a que miembros del Congreso de los Diputados visiten a los saharauis perseguidos por Marruecos retenidos en el Aeropuerto de Madrid-Barajas, a los que niega protección internacional.
Hasta ahora no se ha permitido acceder a la sala de inadmitidos del aeropuerto a dos diputadas y un diputado nacionales y a tres eurodiputadas, la ultima en la noche del viernes 27. El primer intento lo protagonizó la diputada de Podemos Ione Belarra.
El lunes 30 de septiembre estaba prevista una visita por la tarde a los saharauis que se encuentran en el aeropuerto, a la que se había convocado a los miembros de la Comisión de Interior del Congreso, pero poco después de ser autorizada se pospuso por “razones organizativas”.
La decisión del Ministerio del Interior es “intolerable” para la diputada Tesh Sidi, de Sumar, a la que ya se impidió, junto con el diputado Enrique Santiago, interesarse personalmente por la situación de los saharauis. “El 29 quieren deportar a la persona sordomuda con cáncer, y para cuando nos den la visita, seguramente ya los habrán deportado a todos”, ha escrito en X (twitter).
El diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, solicitante también de la visita, al conocer que se posponía escribió que el Ministerio se lo había pensado mejor y preguntaba. “¿Autorizarán la visita una vez de haber deportado a los ciudadanos saharauis?”.
La negativa a que representantes públicos puedan conocer de primera mano la situación de los 35 activistas saharauis, 25 de ellos en huelga de hambre, a los que ha sido denegada la petición de asilo y de apatridia, se ha adoptado según fuentes jurídicas a pesar de haber demostrado con documentación que son perseguidos por las autoridades marroquíes.
La ultima negativa a conocer el estado de los saharauis retenidos en riesgo de deportación ha sido la de la eurodiputada Ana Miranda, del BNG, que se une a las de Irene Montero e Isa Serra, de Podemos.
Ana Miranda quiso acceder en la noche del viernes a la sala de inadmitidos, pero no se lo permitieron, tras lo que declaró que retener a saharauis que solicitan derecho de asilo es “una decisión política del Gobierno de España”.
Para el sábado día 29 está prevista la deportación a Marruecos de alrededor de diez saharauis, entre ellos el activista sordomudo enfermo de cáncer Ali Hammou, al que ya se intentó embarcar días pasados en un vuelo a Marrekech.
En prisión saharauis entregados por España
En las concentraciones contra las deportaciones de activistas saharauis, tanto ante el Ministerio del Interior el 21 de septiembre como en el aeropuerto ha habido un especial recordatorio para Husein Bachir Amadour, un universitario saharaui que enero de 2019 llegó en patera a la isla de Lanzarote y pidió asilo político, pero en lugar de ser enviado a un CIE como dispuso el juez que ante el que prestó declaración, fue conducido por la policía a Marruecos y condenado a 12 años de cárcel,
Un caso similar es el del bloguero saharaui Faisal El Bahloul, entregado por España a Marruecos el 16 de noviembre de 22 y condenado a 2 años de cárcel por un tribunal de Casablanca. Según informó la familia, tenía residencia legal en España hasta 2024 y estaba pendiente de una solicitud de asilo en Francia.
La negación de asilo a los activistas saharauis, que partidos como Sumar, Podemos, ERC, EH Bildu o BNG, y organizaciones como Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), la Unión Progresista de Fiscales (UPF), la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), y el sindicato CC.OO, ha motivado que en varios medios se haya recordado al ministro Fernando Grande-Marlaska lo que dictaminaba cuando ejercía como magistrado en la Audiencia Nacional.
En concreto, se ha citado el Auto 40/2014 que firmó siendo presidente de la Sala de lo Penal de la AN, en el que se considera a España la “potencia administradora de iure”‘ del Sáhara Occidental “y como tal, hasta que finalice el periodo de la descolonización, tiene las obligaciones recogidas en los artículos 73 y 74 de la Carta de Naciones Unidas, entre ellas dar protección, incluso jurisdiccional, a sus ciudadanos contra todo abuso”.
El auto se refiere las actuaciones del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia a Nacional por la intervención “de las fuerzas de seguridad del Reino de Marruecos contra los habitantes del asentamiento Gdeim Izik (Campamento de la Dignidad) instalado en las proximidades de la ciudad del Aaiún, en el Sáhara Occidental”.
Según la querella que presentó la Liga Española Pro Derechos Humanos, entre octubre y noviembre de 2010, “durante el desalojo violento de Campamento, las fuerzas de seguridad marroquíes produjeron desapariciones, agresiones físicas, torturas, asesinatos. Entre ellos, la muerte violenta del ciudadano español Luis Manuel, ocurrido en la mañana del día 8 de noviembre del 2010, por los agentes del Cuerpo Especial GUS, creado ex-profeso para el Sáhara Occidental”.