El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha evitado este martes pronunciar el origen de los solicitantes de asilo saharauis que permanecen en el aeropuerto de Barajas y ha defendido que sus deportaciones, con una nueva orden de expulsión prevista para el próximo jueves, se ajustan a la ley y han sido fruto de un estudio «individualizado» de los casos a pesar de que los solicitantes, abogados y entidades sociales denuncian que se están proporcionando resoluciones «calcadas», exprés y sin entrar a valor las pruebas de activismo aportadas y las agresiones de las fuerzas de ocupación marroquíes en el Sáhara Occidental.

«En la cuestión relativa a las personas solicitantes de protección internacional en el aeropuerto de Barajas a las que ha hecho referencia, indicar que nuestra comunicación, cooperación y coordinación con ACNUR es permanente», ha declarado Grande-Marlaska en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, sin mencionar siquiera el origen saharaui de los alrededor de 35 solicitantes saharauis que llevan semanas retenidos en las salas de inadmitidos de las terminales de Barajas. Hace una semana, en un argumentario remitido por Interior a algunos periodistas, se habló de «solicitantes marroquíes».

Fuentes de los abogados que representan a los solicitantes han señalado este martes a El Independiente que hay una nueva orden de expulsión para cerca de una decena de saharauis. Tienen asignado vuelo para el próximo jueves.

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