Durante años, muchos documentos españoles expedidos a saharauis parecieron quedar convertidos en restos administrativos de una época cerrada. Viejos DNI, pasaportes, libros de familia, certificados y registros permanecieron guardados en carpetas familiares como prueba de una relación jurídica e histórica con España que no desapareció simplemente porque terminara la administración colonial.

Ahora, medio siglo después, uno de esos documentos vuelve a tener una importancia directa: el Documento Nacional de Identidad español.

El texto de la proposición de ley sobre nacionalidad saharaui aprobado por el Congreso establece que un DNI español, aunque ya no esté vigente, puede servir para acreditar la condición de saharaui nacido en el Sáhara Occidental bajo administración española, siempre que la identidad sea verificada por los servicios de la Dirección General de la Policía.

La escena resulta difícil de separar de la historia. Un documento expedido por España hace décadas, que durante mucho tiempo pudo parecer únicamente un recuerdo familiar, puede convertirse ahora en una de las pruebas principales para acceder a una vía excepcional de nacionalidad.

No es casualidad que el DNI aparezca en esta ley. En 1976, cuando España ya había puesto fin a su presencia administrativa en el Sáhara Occidental, el Real Decreto 2258/1976 abrió durante un año la posibilidad de optar por la nacionalidad española a determinados naturales del territorio. Entre las personas que podían acogerse estaban precisamente quienes se encontraban fuera de España y poseían un Documento Nacional de Identidad bilingüe expedido por las autoridades españolas, además de quienes disponían de pasaporte español o figuraban en registros consulares.

Aquel decreto estableció también una consecuencia especialmente dura: pasado el plazo de un año, los pasaportes y documentos de identificación concedidos por España a quienes no hubieran ejercido el derecho de opción quedarían anulados. Eso ayuda a entender por qué la documentación vuelve hoy al centro del debate.

La proposición aprobada por el Congreso no limita la acreditación al DNI. También contempla el recibo de inscripción en el censo para el referéndum del Sáhara Occidental autenticado por Naciones Unidas, certificados de nacimiento y distinta documentación expedida por la Administración española. Pero el DNI tiene una fuerza simbólica especial porque fue el documento con el que España identificó oficialmente a parte de la población saharaui.

Por eso, detrás de cada documento conservado aparece también una historia familiar. Personas que nacieron cuando España administraba el territorio, que fueron inscritas en registros españoles o que dispusieron de documentación oficial española y que décadas después siguen teniendo que demostrar documentalmente aquella relación.

La actualidad parlamentaria ha devuelto además importancia a esa cuestión. La ley continúa su recorrido en el Senado y las enmiendas presentadas por el Partido Popular pretenden eliminar la vía especial por carta de naturaleza. El resultado final de la tramitación determinará si el sistema de acreditación aprobado por el Congreso permanece o cambia antes de la aprobación definitiva prevista para el 8 de octubre en el Congreso de los Diputados.

Pero, ocurra lo que ocurra durante las próximas semanas, hay algo que el debate ya ha vuelto a poner sobre la mesa: los archivos y documentos españoles del Sáhara Occidental no son únicamente piezas del pasado. Para miles de personas pueden seguir teniendo consecuencias jurídicas en el presente. Y entre todos ellos, un viejo DNI español puede terminar contando una historia mucho mayor de lo que aparenta.

Fuentes: Congreso de los Diputados