Marruecos intenta presentar su ocupación del Sáhara Occidental como un supuesto ejemplo de modernización y apuesta por las energías limpias. Sin embargo, Western Sahara Resource Watch (WSRW) desmonta ese relato con una contundencia que no admite matices: ningún proyecto “verde”, por muy sofisticado que se presente, es legítimo si se implanta en un territorio ocupado sin el consentimiento del pueblo saharaui. Lo que Rabat llama transición energética es, en realidad, un mecanismo para profundizar la ocupación y ocultar sus efectos reales. El ecoblanqueo de la ocupación es una forma más de violencia, menos visible que la represión policial en El Aaiún o Smara, pero igual de eficaz en la consolidación del dominio marroquí.

Por ello, WSRW pide a las grandes multinacionales de la energía —Engie, Enel, Siemens Energy, GE Vernova, Voltalia, Acciona, Nordex, TAQA y muchas otras— que detengan de inmediato sus proyectos en el Sáhara Occidental. Sus inversiones no sólo incumplen el Derecho Internacional: contribuyen directamente a sostener la maquinaria económica y militar que garantiza la ocupación. Cada turbina eólica y cada planta solar instalada sin el consentimiento saharaui es una pieza más del engranaje colonial. El verde pierde todo su sentido cuando sirve para cubrir de barniz “sostenible” un régimen que se mantiene mediante la fuerza y el despojo.

Las recomendaciones también interpelan a accionistas, bancos e instituciones públicas que financian estos proyectos o les otorgan garantías. La transición energética deja de ser un avance cuando se convierte en instrumento de expolio. WSRW exige que se retiren todos los avales públicos —incluidos los de CESCE— y que se publiquen los dictámenes jurídicos, auditorías y evaluaciones sociales que, en muchos casos, las empresas ocultan por el riesgo reputacional que supone operar en un territorio pendiente de descolonización. La opacidad, advierte WSRW, es ya un síntoma de la ilegalidad de los proyectos.

Especialmente grave es el papel de auditoras, consultoras y bufetes de abogados que han contribuido a normalizar la presencia marroquí en el territorio. Su trabajo técnico y jurídico —presentado como neutral— sirve en realidad para apuntalar el relato del ocupante. WSRW lo dice sin rodeos: participar en estudios de impacto social sin consultar al pueblo saharaui es colaborar con una injusticia estructural. El único actor reconocido internacionalmente para expresar ese consentimiento es el Frente Polisario. Todo lo demás es una operación cosmética que alimenta el ecoblanqueo.

El documento también señala la responsabilidad de la ONU, la Unión Europea y la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Aceptar datos, informes o contribuciones climáticas de Marruecos que incluyan el Sáhara Occidental es, de hecho, legitimar la ocupación. WSRW exige que se garantice la participación saharaui en los procesos internacionales sobre clima y que la UE cree mecanismos para impedir la entrada de energía generada en territorios ocupados. La lucha contra la crisis climática no puede utilizarse para justificar violaciones del Derecho Internacional.

El mensaje final es inequívoco: ninguna estrategia climática, por bienintencionada que parezca, puede construirse sobre la negación de un derecho fundamental. En el Sáhara Occidental, Marruecos ha convertido las energías renovables en un instrumento político para afianzar su control. Y, como denuncia WSRW, el ecoblanqueo de la ocupación es una forma de violencia que no deja marcas visibles, pero sí consecuencias profundas: normaliza lo inaceptable y consolida la injusticia. Frente a ello, la comunidad internacional, las empresas y las instituciones tienen una responsabilidad clara: detener estos proyectos, escuchar al pueblo saharaui y situar la legalidad internacional en el centro de cualquier transición energética.

Plataforma «No te olvides del Sahara Occidental»