El vocero de las organizaciones, Pablo de la Vega, en una comunicación dirigida a la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, recordó que la política tradicional ecuatoriana ha estado alineada con el principio de la libre determinación de los pueblos, pilar de la Carta Fundacional de las Naciones Unidas, circunstancia que ha permitido que el Estado ecuatoriano desempeñe en tres ocasiones la Presidencia del Comité Especial de Descolonización (C-24) y tenga un papel protagónico en Comisión Política Especial y de Descolonización (Cuarta Comisión) de la Asamblea General.

Sin embargo, sostienen la AEAPS y IAJUWS Ecuador, la reiterada postura de la Cancillería ecuatoriana y, recientemente, del Ministerio de Agricultura y Ganadería resquebraja, aún más, la política exterior del Estado ecuatoriano con relación a la Cuestión del Sáhara Occidental.

El Gobierno Nacional, a través de la Cancillería ecuatoriana, puede establecer relaciones diplomáticas con cualquier otro Estado, en el ámbito del respeto de la soberanía e independencia y bajo el principio de la igualdad jurídica de los Estados, argumento aplicable al Reino de Marruecos, pero no puede establecer relaciones bilaterales con un Estado en detrimento de los derechos inalienables del pueblo de otro Estado, en este caso del pueblo saharaui, cuyo legítimo representante -el Frente POLISARIO- elegirá el futuro para su pueblo, señalaron.

Por ello, solicitaron firmemente que el Gobierno Nacional actúe en concordancia con la legalidad internacional, en particular con las innumerables resoluciones y dictámenes de los principales órganos de las Naciones Unidas, emitidos desde la década de los sesenta, en especial la resolución 1514 (XV) que proclama la “Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales” (Declaración sobre Descolonización de 1960) y la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de La Haya (octubre 1975).

Señalaron, además, las múltiples resoluciones de la Organización de la Unidad Africana (OUA) -de la que la República Saharaui es miembro de pleno derecho- y las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que no reconocen soberanía marroquí alguna sobre el territorio saharaui.

Nos preocupa sobre manera este tipo de visitas a los territorios ocupados del Sáhara Occidental que ayudan a legitimar esa apropiación ilegal, a lavar la imagen del Reino de Marruecos y a blanquear sus graves, permanentes y sistemáticas violaciones a los derechos humanos del pueblo saharaui, argumentaron.

En tal sentido, exhortaron al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y al Ministerio de Agricultura y Ganadería a que rectifiquen su postura y eviten visitar territorios saharauis sobre los cuales el Reino de Marruecos no tiene soberanía alguna.

Por último, llamaron la atención sobre las serias implicaciones jurídicas y políticas de acciones como las descritas que no contribuyen a la búsqueda de una solución justa y legítima, amparada en la legalidad internacional, a la Cuestión del Sáhara Occidental. Y que, además, deterioran la imagen del Estado ecuatoriano ante la comunidad internacional.