Editorial ABC

La «sólida amistad» con Marruecos que insiste en proclamar la Comisión Europea ha de ser compatible con el respeto al Derecho Internacional y el reconocimiento del Sahara como territorio soberano, libre para decidir su futuro tras un proceso descolonizador que en las últimas décadas, por la vía de los hechos y con la bendición de Estados Unidos solo ha servido para que Rabat asuma su tutela y explotación. Publicado ayer, el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea tumba los acuerdos comerciales de agricultura y pesca suscritos entre la UE y el Reino de Marruecos por considerar que ambos tratados se celebraron sin el consentimiento del pueblo del Sahara. La Corte de la UE rechaza el pragmatismo comercial de Bruselas y, en línea con las resoluciones de la ONU, papel mojado para quienes paradójicamente y a conveniencia de parte se amparan en su ‘humanitarismo’, constata que la necesaria conformidad de los saharauis no existe y considera al Frente Polisario como interlocutor válido.

La sentencia del Tribunal de la UE no solo representa un revés para la Comisión y el Consejo, y también un nuevo varapalo para la flota andaluza, beneficiaria de la mayor parte de las licencias concedidas por Marruecos para faenar en aguas saharauis, sino que pone en evidencia al Gobierno de Pedro Sánchez, desautorizado de forma implícita por apoyar hace dos años –y de espaldas a la ONU, a cuya doctrina tantas veces recurre– el plan de autonomía diseñado por Rabat para asegurarse el control del Sahara. Que España sea ‘de iure’ la potencia administradora de este territorio descolonizado no impidió al jefe del Ejecutivo –sin molestarse en dar las explicaciones oportunas, aún pendientes ante la sede de la soberanía nacional y más que necesarias en una cuestión capital– alinearse con Rabat y aceptar «la autonomía bajo soberanía marroquí como sola y única solución a este diferendo regional», en palabras, este mismo jueves, de la diplomacia de Marruecos. La cuestión del Sahara, como ahora reconoce el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, nunca fue un ‘diferendo regional’, como pretende nuestro vecino del sur, sino la asignatura pendiente de un proceso descolonizador que España tenía la obligación de administrar, sin ceder a otro interés que no fuera el de los propios saharauis.

Rabat no puede sacar provecho económico, al menos en el mercado europeo, de los recursos de un territorio que no le pertenece y que, ocupado desde 1975, está pendiente de celebrar el referéndum de autodeterminación que le corresponde según el Derecho Internacional. El revés económico infligido a Bruselas por el TJUE, que también falla contra el etiquetado marroquí de la producción agrícola del Sahara, contiene en clave española una censura a la decisión que Pedro Sánchez nunca quiso explicar en las Cortes. El Alto Tribunal europeo corrige al Tribunal General al introducir un matiz y dictaminar que el consentimiento del pueblo del Sahara no ha de ser necesariamente explícito, y que puede darse por hecho cuando «no se crean obligaciones para sus habitantes» y la explotación de sus recursos naturales le «reporte algún tipo de ventaja». La cesión por parte de España del Sahara a Marruecos no cumple ninguna de esas excepciones. Ni siquiera el interés general de la nación puede legitimar una claudicación territorial e histórica cuyas contraprestaciones –como el negocio pesquero y agrícola de Bruselas– no pueden compensar. Quizás en la España del mercadeo parlamentario y las singularidades a la carta toda sea negociable, pero no en unos tribunales europeos que aún saben cuál es el verdadero precio de una cesión, y quién la paga.