Washington utiliza el Sáhara Occidental como moneda de presión en plena crisis con Irán

Washington utiliza el Sáhara Occidental como moneda de presión en plena crisis con Irán

TEMA DEL DÍA – 18 de marzo de 2026

Por Carlos G. Corera – Plataforma NO TE OLVIDES DEL SÁHARA OCCIDENTAL

Una propuesta presentada en el Senado de Estados Unidos para declarar al Frente Polisario como organización terrorista ha vuelto a situar el Sáhara Occidental en el centro de un tablero geopolítico cada vez más tenso. No es una decisión que dependa directamente del Congreso, pero sí es un movimiento político con intención clara: aumentar la presión en un conflicto que, jurídicamente, sigue siendo un proceso de descolonización pendiente.

El argumento utilizado no es nuevo. Se intenta vincular al Frente Polisario con Irán y con organizaciones como Hezbollah, en línea con el contexto actual de confrontación internacional. Pero lo relevante no es tanto la acusación en sí como el momento en que aparece. En plena escalada global, el Sáhara Occidental vuelve a ser utilizado como una pieza más dentro de estrategias que van mucho más allá del propio conflicto.

Y, sin embargo, hay un elemento nuevo que cambia el enfoque.

Un documento enviado al Comité de Relaciones Exteriores del Senado por el Global Monitoring Center introduce una duda de fondo sobre toda esta operación. Lejos de respaldar las acusaciones, el informe advierte de la falta de pruebas y de las contradicciones existentes en las propias iniciativas legislativas estadounidenses.

El texto es claro en un punto clave: no existe evidencia verificable que demuestre una cooperación del Frente Polisario con Irán o Hezbollah. Y va más allá. Señala una incoherencia evidente en el propio Congreso estadounidense: mientras un proyecto afirma que esa colaboración ya existe, otro plantea sanciones solo en caso de que llegue a producirse en el futuro.

Dicho de forma simple: ni siquiera quienes impulsan estas iniciativas parecen tener claro que aquello que denuncian esté realmente ocurriendo.

El documento recuerda además un hecho fundamental que rara vez aparece en este tipo de debates: el Frente Polisario lleva décadas siendo reconocido internacionalmente como el representante del pueblo saharaui y participa en procesos de negociación bajo el marco de Naciones Unidas. No ha sido designado como organización terrorista ni por la ONU, ni por la Unión Europea, ni por Estados Unidos.

Este dato no es menor. Porque introduce una contradicción difícil de sostener: ¿cómo se puede negociar con un actor en un proceso político internacional mientras, al mismo tiempo, se plantea su posible criminalización?

Pero el informe va todavía más lejos. Advierte de las consecuencias que tendría avanzar en esa dirección. Señalar a un movimiento de liberación nacional como organización terrorista sin pruebas sólidas no solo sentaría un precedente peligroso, sino que podría afectar directamente a los esfuerzos diplomáticos, a la estabilidad regional e incluso a la ayuda humanitaria en los campamentos de refugiados saharauis.

En otras palabras, no se trata solo de una cuestión política, sino de un riesgo real para cualquier intento de solución.

Todo esto encaja con una lógica que se repite cada vez más en la política internacional: primero se construye una narrativa, después se intenta convertir en realidad política. En este caso, el paso es claro: desplazar el conflicto del terreno jurídico —donde el derecho internacional sigue reconociendo el derecho a la autodeterminación— hacia un terreno de seguridad, donde las reglas son distintas.

Y ahí es donde el Sáhara Occidental vuelve a aparecer como herramienta.

Porque vincular al Polisario con el terrorismo no solo afecta al propio movimiento saharaui. También introduce presión sobre Argelia, principal apoyo del Frente Polisario, y refuerza el papel de Marruecos como aliado estratégico en la región.

No es un movimiento aislado. Es parte de un tablero más amplio.

Sin embargo, hay una realidad que sigue sin cambiar, por mucho que se intente reinterpretar. El Sáhara Occidental continúa siendo un territorio pendiente de descolonización, y el derecho del pueblo saharaui a decidir su futuro sigue reconocido en el derecho internacional.

Lo que revela este episodio no es solo una maniobra política puntual, sino una tendencia más profunda: cuando faltan argumentos jurídicos, se intenta cambiar el terreno del debate. Pero incluso dentro de Estados Unidos empiezan a aparecer voces que cuestionan esa deriva.

Y eso, en sí mismo, es un dato importante.

Y eso, lejos de acercar una solución, puede contribuir a alejarla aún más.


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