El MoU se enmarca en la estrategia estadounidense de asegurar cadenas de suministro de minerales considerados esenciales para la transición energética, la industria tecnológica y el sector defensa. Hierro, manganeso, níquel, cobalto o telurio —presentes en los montes submarinos del Atlántico oriental, como el conocido Monte Tropic— forman parte de esa ecuación estratégica. Washington busca reducir su dependencia de cadenas de suministro dominadas por China. Rabat, por su parte, se posiciona como socio geoeconómico clave.

Un problema jurídico de fondo

El elemento central no es económico, sino jurídico. El Sáhara Occidental figura en la lista de territorios no autónomos de Naciones Unidas y está considerado distinto y separado de Marruecos. En consecuencia, cualquier explotación de recursos naturales en ese territorio —incluidas sus aguas adyacentes— requiere el consentimiento del pueblo saharaui.

En 2020, Marruecos amplió unilateralmente su zona económica exclusiva y su plataforma continental, incluyendo aguas frente al Sáhara Occidental. Estas reclamaciones no cuentan con reconocimiento internacional. La eventual explotación de minerales del lecho marino en zonas en disputa podría entrar en conflicto con el derecho internacional y con el marco regulador de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos.

La advertencia de WSRW es clara: integrar de facto los recursos del territorio ocupado en acuerdos bilaterales con terceros Estados consolida una práctica que ignora el estatuto jurídico diferenciado del Sáhara Occidental.

Geopolítica y cronología significativa

Resulta particularmente revelador el calendario. El acuerdo fue firmado apenas cuatro días antes de que Estados Unidos auspiciara en Madrid un encuentro entre Marruecos y el Frente Polisario, reconocido por la ONU como representante del pueblo saharaui. La simultaneidad entre cooperación estratégica y diálogo político transmite un mensaje inequívoco: la dimensión económica avanza en paralelo al conflicto, no como consecuencia de su resolución.

La declaración de Sara Eyckmans, portavoz de WSRW, resume esa preocupación: tratar el territorio como “activo comercial” antes que como cuestión de descolonización altera el marco jurídico de referencia y debilita cualquier proceso que aspire a garantizar la autodeterminación.

La ausencia de España

El informe también subraya un dato políticamente sensible: España no participó en la reunión de Washington, pese a que las áreas marítimas afectadas se superponen con zonas próximas a las Islas Canarias. Otros Estados europeos sí estuvieron presentes. La ausencia española contrasta con su condición histórica y con el impacto potencial de estas delimitaciones marítimas.

Más allá del acuerdo puntual

El análisis de WSRW no se limita a este memorando concreto. Lo sitúa dentro de una tendencia más amplia: la promoción sistemática de inversiones en recursos naturales ubicados en o junto al territorio ocupado, normalizando progresivamente su integración en marcos económicos internacionales.

El debate no es técnico. Es estructural. Si los minerales estratégicos del Atlántico saharaui pasan a formar parte de acuerdos bilaterales sin el consentimiento del pueblo del territorio, el riesgo no es solo jurídico, sino político: se consolida una lógica de hechos consumados que desplaza la cuestión central de la descolonización.

En este contexto, el llamamiento de WSRW insiste en un principio básico del derecho internacional: ningún proyecto económico en el Sáhara Occidental puede considerarse legítimo sin el consentimiento del pueblo saharaui. Todo lo demás, por estratégico que resulte, seguirá siendo jurídicamente controvertido.