Con sus propias palabras

«Las autoridades me han perseguido en numerosas ocasiones. En 2007, fui secuestrado por los servicios de inteligencia marroquíes a la entrada de la ciudad de El Aaiún, donde permanecí detenido durante ocho días sin juicio. Me torturaron como castigo por mi activismo en la universidad. Unos años más tarde, en 2009 y 2012, fui objeto de dos brutales agresiones en Marrakech y Rabat. En ambas ocasiones, unos individuos enmascarados me amenazaron con matarme si no dejaba mi activismo estudiantil. Presenté denuncias ante la policía marroquí después de cada incidente, pero nunca investigaron. También me han hostigado en las redes sociales.

Pero una de las tácticas de represalia más peligrosas de las autoridades marroquíes contra activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos es prohibirnos trabajar, motivo por el cual muchas personas están emigrando.

Yo fui una de las víctimas de esta táctica. En 2019, el Colegio de Abogados de Agadir rechazó mi solicitud a pesar de que había aprobado el examen y había rellenado correctamente todos los formularios. Alegaron que habían recibido un informe secreto de los servicios de seguridad marroquíes en el que se afirmaba que yo era conocido por mis actividades contra Marruecos, en referencia a mi labor política y en defensa de los derechos humanos. Recurrí esta decisión ante los tribunales marroquíes, pero estos confirmaron la denegación, alegando mi postura sobre la cuestión del Sáhara Occidental. También se me ha impedido acceder a varios puestos de trabajo, incluso en el sector privado, ya que el gobierno ha presionado a los empleadores para que no me contraten».