El tiempo de descuento ha comenzado a correr. Bruselas se juega mucho en octubre. Los agricultores europeos, aún más. El 4 de octubre vence el plazo de prórroga establecido por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que declaró ilegal el acuerdo agrícola entre la UE y Marruecos por incluir al Sáhara Occidental. Pero, mientras las asociaciones de productores de la UE claman por un cumplimiento estricto de la resolución, en Bruselas se llevan a cabo conversaciones discretas con Rabat en busca de un “parche”, como denuncian los agricultores,  que permita mantener el flujo desde Marruecos sorteando el fallo judicial.

La indignación crece en el campo. Los productores sienten que Bruselas les da la espalda y que, otra vez, las razones geopolíticas pesan más que las agrícolas. “Hay un ocultismo terrorífico con este tema”, denuncia en conversación con El Independiente Andrés Góngora, representante estatal de frutas y hortalizas de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG). “Nos reconocieron que hay conversaciones con Marruecos, pero se está haciendo de espaldas al sector y al propio Parlamento Europeo. Si intentan salvar el acuerdo, recurriremos ante el tribunal. No nos van a convencer”, advierte.

La maniobra del “consentimiento presunto”

En Bruselas, el plan -trazado en un documento publicado por la presidencia danesa- pasa por “simular que la población saharaui respalda el acuerdo”, denuncian los agricultores. La estrategia, alegan, es acogerse a la sentencia para buscar el “consentimiento presunto” del pueblo saharaui y, con ello, blindar jurídicamente las importaciones. “Es un atajo”, denuncia Góngora. “Intentan hacer ver que el Sáhara se beneficia económicamente de las exportaciones, pero eso no es lo que dice el juez. Si lo hacen, volveremos a demandar”, declara tajante.

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