El artículo de Euractiv pone el foco en una contradicción que desde hace años resulta cada vez más difícil de sostener: la defensa firme que el Gobierno español hace del derecho internacional en escenarios como Venezuela, Ucrania, Gaza o incluso Groenlandia contrasta de forma evidente con su silencio —cuando no con su renuncia— en el caso del Sáhara Occidental. No se trata de una incoherencia menor, sino de una grieta profunda en la credibilidad de la política exterior española.

Pedro Sánchez ha insistido públicamente en que “el atlantismo no significa vasallaje” y en que la soberanía de los pueblos no es negociable. Sin embargo, esa afirmación pierde fuerza cuando se examina la posición de España respecto a su antigua colonia. El Sáhara Occidental sigue siendo, según Naciones Unidas y la justicia europea, un territorio pendiente de descolonización y jurídicamente distinto de Marruecos. Aun así, Madrid evita pronunciarse con claridad y actúa como si el problema no existiera.

El texto acierta al señalar un elemento clave: el control del espacio aéreo del Sáhara Occidental no es una cuestión técnica, sino profundamente política. Que España siga gestionándolo a través de AENA no es un simple vestigio administrativo, sino una consecuencia directa de que Marruecos no tiene soberanía legal sobre el territorio. Cualquier cesión en este ámbito equivaldría a un reconocimiento implícito de la ocupación, algo incompatible con el derecho internacional y con las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El recordatorio del fallo del TJUE de 2024 es especialmente relevante. No deja lugar a interpretaciones ambiguas: el Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos y cualquier decisión que lo afecte sin el consentimiento del pueblo saharaui y de su representante legítimo —el Frente Polisario— es ilegal. Frente a esta claridad jurídica, el silencio del Gobierno español resulta ensordecedor.

El artículo también contextualiza correctamente el giro de 2022, cuando España rompió con décadas de posición oficial para alinearse con el plan de autonomía marroquí, una propuesta que no reconoce el derecho de autodeterminación y que contradice el marco de Naciones Unidas. Ese cambio no fue fruto de una reflexión jurídica o política sólida, sino de la presión directa de Rabat, ejercida mediante el control migratorio, la cooperación policial y el chantaje fronterizo, como se evidenció en la crisis de Ceuta de 2021.

Aquí emerge uno de los puntos más incómodos para el Gobierno: Marruecos ha convertido la migración, la seguridad y la lucha contra el crimen en herramientas de influencia política. España, lejos de afrontarlo como un problema estructural, ha optado por asumir esa dependencia, sacrificando principios y legalidad a cambio de una estabilidad aparente.

El silencio de Pedro Sánchez sobre el Sáhara Occidental no es, por tanto, una omisión casual. Es una estrategia política que busca evitar el coste interno de una rectificación y el coste externo de un enfrentamiento con Rabat. Pero ese silencio tiene un precio: vacía de contenido el discurso español sobre la defensa del derecho internacional y refuerza la percepción de que existen pueblos —como el saharaui— cuya legalidad puede ignorarse sin consecuencias.

Como señala Euractiv, actuar como si el problema no existiera no lo hace desaparecer. Al contrario: consolida una injusticia histórica y sitúa a España en una posición moral y política cada vez más difícil de justificar, tanto ante su propia ciudadanía como ante la comunidad internacional.

Origen: Le dilemme de Pedro Sánchez concernant le Sahara occidental | Euractiv FR