La Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA) publica un análisis exhaustivo de un documento oficial clave del Estado marroquí: el informe de 2010 elaborado por el entonces Consejo Consultivo de Derechos Humanos, que recoge las conclusiones de la Instancia para la Equidad y la Reconciliación sobre las desapariciones forzadas cometidas entre 1956 y 1999. Por primera vez, Marruecos reconocía oficialmente su responsabilidad en detenciones secretas, torturas y muertes bajo custodia, incluidas las sufridas por centenares de saharauis tras la ocupación del Sáhara Occidental.

El interés central de esta publicación reside en confrontar ese reconocimiento oficial con las obligaciones que impone el derecho internacional vigente, en particular la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. El documento marroquí admite la muerte o desaparición de cientos de saharauis —muchos de ellos mujeres y niños— en centros de detención secretos, cuarteles militares y prisiones del territorio ocupado, pero lo hace de forma fragmentaria, con cifras contradictorias, sin pruebas verificables y eludiendo cualquier responsabilidad individual.

El análisis de AFAPREDESA muestra cómo ese reconocimiento, lejos de cerrar el capítulo, pone de relieve sus graves carencias: listas incompletas, ocultación del contexto de ocupación del Sáhara Occidental, ausencia de investigaciones independientes y persistencia de una impunidad estructural. La desaparición forzada no es un hecho cerrado, sino una violación que persiste mientras se oculte la verdad y se niegue justicia a las víctimas y a sus familias, y el informe de 2010 no satisface ese derecho fundamental.

Más allá de su valor histórico, el texto deja una conclusión política y jurídica clara: Marruecos sigue incumpliendo de forma flagrante sus obligaciones internacionales. Sin verdad completa, sin restitución digna de los restos, sin procesos penales y sin garantías de no repetición —imposibles mientras continúe la ocupación—, el reconocimiento parcial de 2010 no salda la deuda con las víctimas saharauis, sino que la hace aún más evidente.

El documento oficial marroquí de 2010 y las obligaciones pendientes según el derecho internacional vigente – AFAPREDESA

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