Por Mohamed Salem Abdelhay y Ali Mohamed
ECS. Madrid. | Marruecos continúa cometiendo impunemente crímenes de guerra contra la población civil saharaui. La guerra que ha estallado en el Sáhara Occidental el 13 de noviembre de 2020, ha creado una nueva y desafiante situación para Rabat, que, tras su incapacidad para hacer frente a los ataques relámpago del Ejército de Liberación Saharaui (ELPS) contra sus bases militares ubicadas detrás del muro, el régimen marroquí recurrió a la población civil llegando al punto de realizar operaciones en las fronteras internacionales del Sáhara Occidental.
Estos deliberados ataques con drones, reiterados en tiempo y método contra ciudadanos desarmados, no persiguen objetivos militares sino para imponer el terror y destruir toda vía comercial que cruza por el territorio saharaui así como cualquier actividad de subsistencia económica (pastores nómadas, buscadores de oro, pequeños comerciantes..e.t.c)
El impacto de estas armas sofisticadas en la población civil demuestran que Marruecos amplió el campo de acción militar, por intereses puramente políticos, para atacar en zonas fronterizas de tres países, realizando auténticas masacres y llegando a ser advertido por Argel por asesinar a tres nacionales camioneros que cruzaban el territorio saharaui desde Mauritania. Contrariamente a la RASD y Argelia, que denunciaron los criminales bombardeos del ejército marroquí, Nuakchott mantiene un silencio, cuyo ruido es ensordecedor, respecto al elevado número de asesinatos selectivos de sus nacionales por Marruecos, una actitud que contrasta con lo sucedido en Malí el año pasado, donde llegó a enviar una comisión por el asesinato de siete de sus ciudadanos en otro bombardeo.
Contexto:
Mohamed VI aplica la misma doctrina del sanguinario Hassán II cuando comenzó la primera guerra del Sáhara Occidental: implantar el terror a base de oleadas de bombardeos indiscriminados y violencia desproporcionada contra civiles saharauis, pretendiendo disuadir a la población de continuar su legítima lucha. En este contexto, una serie de masacres y represión desmedida se han ido acentuando a medida que avanza la guerra. Noviembre se alza como el mes más mortífero desde que se inició la segunda guerra de liberación saharaui, con una veintena de asesinatos y decenas de mutilados. Un mes que también recuerda la masacre y violencia cometida por las fuerzas de ocupación marroquíes contra el campamento de Gdeim Izik hace una década en El Aaiún ocupado.
Rabat se justifica, como si masacrar inocentes fuera justificable, en que eran »elementos militares» que se aproximaban al muro, sin embargo y lejos de la realidad, todos los ataques realizados por el ejército marroquí con drones dirigidos hacia civiles tuvieron lugar en terreno abierto, a plena luz del día, donde es muy fácil comprobar la pintura de los coches e incluso la ropa de las víctimas para distinguir entre objetivos militares y civiles dada la tecnología de precisión con la que vienen equipados los drones hoy día. Además, estos ataques se produjeron en zonas remotas, a varios kilómetros del muro marroquí, y no estaban destinados a la protección de las fuerzas marroquíes atrincheradas en el mismo, lo que confirma que los objetivos no suponían ninguna amenaza para ellos. Más si cabe, los objetivos civiles bombardeados estaban alejados de la actividad del ejército saharaui, al que la MINURSO tuvo que pedirle permiso para acceder a una zona en la que pudo constatar que Marruecos había bombardeado camiones y vehículos de civiles que transitaban lejos de la zona de guerra.
Al hilo de lo anteriormente expuesto y a la luz del comportamiento y las prácticas del ejército marroquí hacia los civiles indefensos, son constitutivos de crímenes contra la humanidad, que amenazan la paz y la seguridad internacionales y socavan los esfuerzos de pacificación del conflicto saharaui, ¿existe la posibilidad de un juicio para determinar la responsabilidad legal a través de la Corte Penal Internacional, y el juicio de los funcionarios marroquíes como criminales de guerra por estos crímenes que cometieron contra civiles indefensos y vías comerciales de tres países?
En Mayo de 1998, en pleno apogeo diplomático del conflicto saharaui, la RASD y el Frente POLISARIO, con un cálculo, accedieron y autorizaron al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en virtud de las prerrogativas que los Convenios de Ginebra le conceden al CICR, para que visitara a los prisioneros marroquíes detenidos en los territorios liberados e inspeccionara sus celdas, aún sin ser miembro de los Convenios de Ginebra, por lo que el Frente POLISARIO, de manera completamente unilateral, se adscribió a dichos convenios otorgándole derechos reconocidos a los militares prisioneros marroquíes que concluyeron en una repatriación esquivada por Rabat. Es decir, el POLISARIO estaba cumpliendo un convenio del cual no era miembro por entonces ni como estado ni como movimiento de liberación nacional, ni siquiera Marruecos estaba cumpliendo su parte y la sigue incumpliendo. El mismo Rabat quedó sorprendido por la credulidad del Frente POLISARIO, por lo que viendo que sus soldados eran protegidos y retornados sin que la RASD fuera reconocida como Estado, se desinteresó por ellos como precio a pagar para evitarse el reconocimiento a la República Saharaui.
La aplicación de la IV Convención de Ginebra es preceptiva porque el Reino de Marruecos ha ratificado esa Convención y los hechos se han llevado a cabo en un territorio ocupado por Marruecos y por obra de fuerzas militares marroquíes. Más aún, el Consejo de Seguridad, en numerosas resoluciones, ha considerado aplicable el Derecho Internacional Humanitario al conflicto del Sáhara Occidental en sus resoluciones 1359 (2001), 1429 (2002), 1495 (2003), 1598 (2005), 1634 (2005).
Cabe destacar que de conformidad con la parte dispositiva del artículo (2) de la IV Convención de Ginebra, reza que »además de las disposiciones aplicables en tiempos de paz, la presente Convención se aplicará en caso de guerra declarada o cualquier otro conflicto armado que pueda estallar entre dos o más de los Partes Firmantes, incluso si ninguna de ellas reconoció el estado de guerra…» que se aplica de acuerdo con el Artículo (6) ‘‘tan pronto como cualquier conflicto u ocupación haya comenzado y mencionado en el Artículo 2. La aplicación de este acuerdo en los territorios ocupados cesarán un año después del final de la operación Sin embargo, la potencia ocupante está obligada por las disposiciones de los siguientes artículos de la presente Convención: 1 a 12, 27, 29 a 34, 47, 49, 51, 52, 53, 59, 61 a 77 y 143, por la duración de la Ocupación mientras este Estado ejerza funciones de gobierno en los territorios ocupados» lo que significa, según ambos artículos, que el éxito en la consecución de los objetivos en éste ámbito abrirá la puerta a la protección de los civiles saharauis en los territorios ocupados bajo la actual situación, además de que en el caso de que se establezca de nuevo un alto el fuego sin la retirada de las fuerzas de ocupación, allana el camino a la extensión del mandato de la MINURSO para incluir la protección de los derechos humanos para proteger a nuestros ciudadanos, pese a que se ha vuelto imposible con Francia como miembro permanente vetando de forma reiterada las resoluciones que exigen algún mecanismo humanitario.
Esta serie de acciones que violan el derecho internacional humanitario, confirman la filosofía del ocupante marroquí en su intento de exterminar a toda la población que resida en los territorios saharauis liberados, ya que, deliberadamente, no diferencia ni distingue en sus ataques entre objetivos civiles y militares, lanzando bombardeos contra hogares, convoyes comerciales y civiles de forma continuada. Ciertamente, lo que se obtiene por la fuerza solo se puede mantener por la fuerza, así, el régimen marroquí en sus intentos de disuadir a través del terror, apunta más allá del muro de la vergüenza, y con impunidad pasmosa, a la población. Mientras al otro lado, los saharauis siguen siendo el único pueblo del mundo invadido y en conflicto armado al que la ONU niega un mandato para garantizar los derechos humanos más básicos, incluso Cruz Roja Internacional no interviene a pesar de los llamamientos a cumplir con sus propios principios fundacionales que basan su existencia y utilidad pública.
En suma, cualquier intento de hacer que el ejército saharaui se involucre en la escalada anunciada según las declaraciones de los líderes saharauis, sin una acción multidimensional, lo convertirá inevitablemente en una presa de la alianza militar del enemigo con algunas potencias extranjeras, y nos costará mucho en un momento en el que somos capaces de redefinir la estrategia de la ocupación y cambiar el equilibrio de poder sobre el terreno a nuestro favor sirviéndonos de las cuatro ramas anteriores, el legado de las cuales es inevitablemente amplio y no hay lugar para prescindir de ninguna de ellas para lograr la diferencia necesaria hacia el objetivo deseado de la independencia y libertad para nuestro sufrido pueblo saharaui.