El pasado 31 de octubre, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó su Resolución 2797 (2025) sobre “la situación relativa al Sáhara Occidental”, que fue definida por el Rey de Marruecos, en un discurso televisado pronunciado el mismo día en que la Resolución se adoptó, como un “punto de inflexión decisivo en la historia del Marruecos moderno”.

Para el régimen marroquí, hay “un antes y un después” del 31 de octubre. Sin embargo, esta Resolución no ha sido publicada hasta dos semanas después; es más, aún hoy sigue sin poder consultarse en la web de documentación oficial de las Naciones Unidas como consecuencia de un supuesto “error informático”, si bien los escasos días en los que ha estado disponible han permitido consultar su texto. Podría pensarse que las dificultades en la consulta de esta Resolución obedecen a un posible intento de que cale en la opinión pública a nivel internacional la idea de que la misma sostiene una solución para el Sáhara Occidental distinta a la realmente aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU.

Ante todo, debe recordarse que el Sáhara Occidental es uno de los 17 territorios no autónomos, es decir, es un territorio cuyo pueblo (el pueblo saharaui) no ha alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio. De entre los 17 territorios no autónomos, el Sáhara Occidental es el más poblado (con una población censada superior a 600.000 personas) y con diferencia el mayor en términos territoriales, con una superficie algo superior a la mitad de España, estado del que fue primero una colonia y desde 1958 su provincia número 53 hasta que, a principios de noviembre de 1975, hace ahora cincuenta años, tuvo lugar la conocida como Marcha Verde con el consiguiente abandono por parte de España del control de dicho territorio.

A diferencia de otros territorios no autónomos, como Gibraltar o las Islas Malvinas, Naciones Unidas no reconoce al Sáhara Occidental una potencia administradora, puesto que poco después de la Marcha Verde, el 26 de febrero de 1976, España informó al secretario general de la ONU de que daba término definitivamente a su presencia en el Sáhara y dejaba constancia de que se consideraba desligada en adelante de toda responsabilidad internacional con relación a su administración.

Cabe destacar que, lógicamente, la Resolución de 2025 no es la primera adoptada por el Consejo de Seguridad a propósito de la descolonización del Sáhara, ya que el mismo viene aprobando distintas resoluciones al respecto desde 1975, entre las que destaca la Resolución 690 (de 29 de abril de 1991) en la que creó la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (Minurso), cuyo mandato original fue la preparación de un referéndum en el que el pueblo saharaui pudiera elegir entre la independencia o la integración en el Reino de Marruecos. Es bien sabido que dicho referéndum no ha tenido lugar, en buena medida por las presiones diplomáticas de Marruecos apoyadas por su gran aliado (Estados Unidos), principal impulsor de la Resolución de 2025, aunque el Consejo de Seguridad ha venido prorrogando anualmente el mandato de Minurso con objeto de culminar el último caso de descolonización que queda pendiente en el continente africano.

Precisamente, la Resolución de 31 de octubre de 2025, “reafirmando todas las previas resoluciones sobre el Sáhara Occidental”, renueva por un año el mandato de Minurso. Además, y esta sería la gran conquista marroquí, expresa su pleno respaldo al secretario general en la facilitación y conducción de las negociaciones, “tomando como punto de partida la Propuesta de Autonomía de Marruecos” (presentada en 2007 y a la que el presidente del Gobierno de España mostró su adhesión en marzo de 2022), con miras a lograr una solución justa, duradera y mutuamente aceptable de la controversia, conforme a la Carta de las Naciones Unidas, “y acoge favorablemente toda sugerencia constructiva de las partes en respuesta a dicha Propuesta de Autonomía”.

En este sentido, el Consejo de Seguridad exhorta a las partes a participar en estas discusiones, “tomando como punto de partida la Propuesta de Autonomía de Marruecos”, con el propósito de alcanzar una solución política definitiva y mutuamente aceptable que “garantice la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental”, y reconoce que “una autonomía genuina podría constituir el resultado más viable”.

En realidad, la Resolución, aprobada por 11 votos a favor, tres abstenciones (China, Rusia y Pakistán) y sin la participación de Argelia (gran defensor de la causa saharaui), se aparta de los pronunciamientos previos al proponer la autonomía del Sáhara Occidental dentro de Marruecos como la vía más idónea para la consecución de la libre determinación.

Ahora bien, en la medida en que dicha autonomía, como reafirma la propia Resolución, debe ser “conforme con los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, incluido el principio de libre determinación”, el avance diplomático conseguido por Marruecos es limitado, por cuanto una solución de autonomía impuesta al pueblo saharaui sin su beneplácito, expresado libremente en un referéndum con garantías de imparcialidad, siempre será contraria al Derecho Internacional imperativo y, por tanto, nula.