Es imperativo que Marruecos salga de una vez de la permanente ilegalidad, deje de maquinar torticeramente para obtener objetivos espurios y cumpla sin fisuras con las obligaciones que le impone el Derecho Internacional
Marruecos, una vez más, miente. Y sus cómplices y correligionarios aplauden con las orejas. La legión de todo tipo de medios desplegados, en los que no escatima ni dírhams, ni euros, ni dólares, pretende convertir al secretario general del Frente Polisario y presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, Brahim Ghali, en un criminal. Para ello, inventó —y, si no se pone coto, seguirá haciéndolo— dos querellas disparatadas.
Este tipo de querellas son infundadas porque obedecen a denuncias sin fundamento alguno, cuya pretensión es utilizar a los tribunales de justicia con fines fraudulentos, y fueron archivadas por la Audiencia Nacional.
Ahora, el brazo jurídico ejecutor marroquí, aprovechando la presencia del líder del Frente Polisario en España por motivos médico humanitarios, trata de desempolvar esas denuncias, para hacerlas valer como balas judiciales. Su pretendido objetivo —y aun a sabiendas de su nulo recorrido— obedece a diferentes razones. Por un lado, reivindicar ante las autoridades españolas su permanente rechazo del derecho del pueblo saharaui a su autodeterminación e independencia. Por otro, tratar de desacreditar a Ghali y al Frente Polisario con imputaciones penales irreales e inverosímiles. Y, de paso, buscan maquillar la responsabilidad estatal marroquí y la de sus doce ciudadanos alauitas, procesados en la Audiencia Nacional y sujetos a órdenes internacionales de detención con fines de extradición, como responsables del crimen de genocidio cometido contra el pueblo saharaui. De esta forma, la presión al gobierno de España está servida.
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