En una carta dirigida al senador estadounidense Charles E. Schumer, el Centro de Monitoreo Global expuso las «preocupaciones suscitadas por la información inexacta y las afirmaciones propagadas por el lobby marroquí en Estados Unidos, así como los intentos de explotarlas» para empañar la imagen del Frente Polisario vinculándolo con el terrorismo y grupos extremistas.

El Centro advirtió sobre el peligro de la desinformación y la falacia al distorsionar la justa lucha del pueblo saharaui, lo cual socava las perspectivas de paz, justicia, democracia y autodeterminación. Enfatizó que cualquier intento de vincular la lucha del Frente Polisario con el terrorismo constituye una narrativa sospechosa en el contexto más amplio del conflicto del Sáhara Occidental.

La carta hacía referencia a declaraciones recientes del ex asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, quien describió tales acusaciones como una «estratagema de propaganda para desviar la atención de la continua obstrucción de Marruecos a un referéndum (de autodeterminación) en el Sáhara Occidental».

El Centro destacó que el Frente Polisario es un movimiento de liberación nacional reconocido por las Naciones Unidas y la Unión Africana, no un grupo extremista. Fundado en 1973, su misión era poner fin a la dominación colonial en el Sáhara Occidental y conducir al pueblo saharaui a la independencia.

Señaló que la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Unión Africana reconocen al Frente Polisario como el representante legítimo del pueblo saharaui, con plena membresía en la Unión Africana bajo la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) como Estado fundador.

Al respecto, el Centro afirmó que dicho reconocimiento internacional «no existiría si el Polisario fuera un grupo terrorista. Por el contrario, este reconocimiento afirma su papel como movimiento de liberación indígena arraigado en el derecho a la autodeterminación».

Por último, el Centro destacó que el Frente Polisario ha «demostrado un firme compromiso con las normas y el derecho internacionales, respaldando formalmente las Convenciones de Ginebra y sus protocolos, así como la Convención de la Unión Africana sobre la Lucha contra el Terrorismo, y se adhiere al derecho internacional humanitario en su conducta».