Ali Brahim Mohamed/ECSaharaui.com
En un nuevo informe del Grupo de Defensores de los Derechos Humanos Saharauis, CODESA, reveló la terrible escalada en la frecuencia de las violaciones de los derechos humanos y crímenes de guerra contra los civiles saharauis en las partes ocupadas de la República Saharaui, cometidos sistemáticamente y en gran escala por los diversos aparatos de seguridad y militares del régimen de ocupación marroquí.
El informe anual de la organización saharaui registró los diversos aparatos represivos marroquíes involucradas en violaciones y crímenes, de manera sistemática, contra civiles saharauis, ya sea en la calle pública o dentro de vehículos policiales y dependencias de la policía, así como dentro de los juzgados, sin mencionar el atropello deliberado de civiles por automóviles pertenecientes a las fuerzas del régimen de ocupación marroquí.
El informe también señaló la continuación de la política de impunidad para los involucrados en crímenes de guerra y las diversas violaciones graves de los derechos humanos contra los civiles saharauis. Lo que está demostrado, según el informe, el régimen de ocupación continua continúa rechazando a respetar y aplicar lo que se estableció en el párrafo (a) de El artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente en lo que se refiere a garantizar un trato justo, protección contra el abuso y el debido respeto a la cultura de los pueblos cuyo destino aún no se ha decidido.
En la sección sobre maltrato y tortura en los lugares de detención, el informe reveló que muchas personas, después de su secuestro, fueron sometidas a prácticas degradantes e infrahumanas en las comisarías de policía secretas marroquí, y el sometimiento de presos civiles a malos tratos y castigos en celdas individuales, como es el caso de los detenidos en los casos de Gdeim Izik, el grupo de los estudiantes universitarios y otros civiles que fueron sometidos a detención arbitraria.
En cuanto a la libertad de opinión y expresión, la CODESA hizo hincapié en la continuación del régimen de ocupación marroquí para evitar que los civiles saharauis ejerzan su derecho a la expresión y manifestaciones pacíficas en las ciudades ocupadas del Sáhara Occidental, endureciendo el asedio militar, policial y mediático inundando la región con varios aparatos policiales y enviando equipos opresivos especiales con el objetivo de suprimir a los saharauis, para intimidarlos y confiscar su derecho a la expresión y manifestación pacíficas como se estipula en los pactos internacionales de derechos humanos, además de expulsar y evitar que observadores y medios extranjeros entren a las ciudades ocupadas como una forma de encubrir la desastrosa situación de los derechos humanos y la escala de los crímenes cometidos, así como el saqueo grave de los recursos naturales del Sáhara Occidental en coordinación con instituciones extranjeras y algunos estados conocidos de conspirar contra la causa del pueblo saharaui.
Ante la grave situación en las ciudades ocupadas, el grupo de defensores de los derechos humanos, CODESA, pidió la creación de un mecanismo internacional para monitorear e informar sobre la situación de los derechos humanos o ampliar los poderes de la Misión de las Naciones Unidas para la Organización del Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) para incluir el monitoreo de los derechos humanos con el fin de proteger a los civiles saharauis y luego trabajar para implementar los requisitos del artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas para los Pueblos de los Territorios cuyo destino aún no se ha decidido, y la urgente necesidad de que la comunidad internacional asuma toda la responsabilidad sobre el Sáhara Occidental.
CODESA también pidió al Alto Comisionado para los Derechos Humanos que envíe relatores especiales al Sáhara Occidental e implemente todas las recomendaciones relacionadas con el estatuto de la región, así como que el Comité Internacional de la Cruz Roja visite a los presos políticos saharauis y abra canales de comunicación con ellos.
La organización también reiteró en sus recomendaciones un recordatorio del levantamiento del bloqueo militar, policial, mediático de las ciudades ocupadas del Sáhara Occidental, permitiendo que delegaciones, observadores extranjeros y organizaciones internacionales de derechos humanos y humanitarias ingresen a la región y se reúnan con organizaciones y víctimas de violaciones de derechos humanos.