En un polémico giro que contraviene los principios más básicos del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, el ministro de Asuntos Exteriores británico, en una declaración conjunta con su homólogo marroquí, expresó el apoyo del Reino Unido a lo que se denominó “autonomía marroquí en el Sáhara Occidental”, describiéndola como la solución “más creíble, viable y pragmática” al conflicto.

Esta declaración no pasó desapercibida; fue recibida con amplio rechazo y condena, no solo por parte de la República Saharaui y el Frente Polisario, sino también por parte de varios políticos y expertos británicos y extranjeros en la cuestión del Sáhara Occidental. La consideraron una peligrosa desviación de la postura tradicional del Reino Unido y un apoyo injustificado a una potencia ocupante en una disputa internacional clasificada por las Naciones Unidas como un caso de descolonización.

Este cambio de postura en Gran Bretaña, a pesar de asumir que Londres no reconoce la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, refleja una clara contradicción entre las palabras y los hechos. Plantea serias dudas sobre el compromiso del Reino Unido, como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, con el derecho internacional y sus responsabilidades morales hacia los pueblos que aún luchan por su derecho a la autodeterminación.

Aunque Gran Bretaña ha afirmado repetidamente la importancia de un «orden internacional basado en normas» y ha expresado su apoyo de principios al derecho a la autodeterminación, su respaldo explícito a la llamada «propuesta de autonomía» de Marruecos revela una preocupante doble moral. ¿Cómo puede el Reino Unido, supuestamente defensor del derecho internacional, considerar una iniciativa unilateral de una potencia ocupante que explota ilegalmente tierras y recursos como una solución «realista» a un problema de descolonización que la ONU ha supervisado desde 1963?

La propuesta marroquí no es más que una maniobra política diseñada para eludir la legalidad internacional y consolidar la ocupación mediante un lenguaje engañoso como el «realismo» y la «viabilidad». En realidad, Marruecos continúa, mediante la fuerza militar, las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y el respaldo de potencias neocoloniales y actores funcionales profundamente cómplices de alimentar las crisis globales, imponiendo un hecho consumado a un pueblo indefenso, privado de sus derechos civiles y políticos más básicos.

Todos los tribunales internacionales y regionales, incluido el Tribunal Superior del Reino Unido (2019), así como todos los organismos de la ONU, no reconocen la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. De hecho, la Corte Internacional de Justicia, en su opinión consultiva de 1975, concluyó que no existían vínculos de soberanía entre Marruecos y el Sáhara Occidental. Asimismo, las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la más reciente de 2024, afirmaron que cualquier acuerdo económico que involucre al Sáhara Occidental sin el consentimiento del pueblo saharaui, representado por el Frente Polisario, es jurídicamente nulo. La Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos llegó a una conclusión aún más contundente en su sentencia de 2022.

Dado este claro contexto jurídico y político, ¿cómo puede el Reino Unido, una nación históricamente conocida por sus posiciones cautelosas en disputas internacionales, ignorar estos hechos y brindar apoyo implícito a un Estado que ocupa un territorio sobre el cual no tiene soberanía legítima?

Por todas estas razones, el Frente Polisario y toda la comunidad saharaui rechazan la propuesta marroquí de autonomía, considerándola una estratagema colonial destinada únicamente a otorgar una falsa legitimidad a una ocupación militar ilegal. La propuesta no otorga al pueblo saharaui su derecho inalienable a la autodeterminación; más bien, presupone de antemano la soberanía marroquí sobre el territorio y niega a los saharauis la posibilidad misma de optar por la independencia.

Además, el enfoque exclusivo de la declaración conjunta del Reino Unido y Marruecos en la propuesta marroquí, sin hacer referencia a la propuesta del Frente Polisario presentada en 2007 e incluida en el mismo párrafo en todas las resoluciones del Consejo de Seguridad desde entonces, socava el principio de neutralidad y expone un sesgo políticamente motivado. Esta postura no contribuye a la causa de la paz; por el contrario, profundiza el estancamiento y envalentona a Marruecos a persistir en su intransigencia y sus tácticas dilatorias.

Lo cierto es que el Reino Unido, como miembro permanente del Consejo de Seguridad, tiene una responsabilidad aún mayor de respetar el derecho internacional y las resoluciones de la ONU, ya sea en relación con el Sáhara Occidental o con otras cuestiones globales. Al respaldar implícitamente la propuesta de Marruecos, Gran Bretaña está eludiendo esa responsabilidad, dando cobertura diplomática a la ocupación ilegal y dañando gravemente su credibilidad, al menos ante el pueblo saharaui y quienes comprenden las complejidades del conflicto. Aún más peligroso, dicho apoyo alienta a Marruecos a seguir obstruyendo el referéndum acordado desde hace tiempo, que todas las partes aceptaron en 1991.

La paz genuina en el norte de África no puede basarse en recompensar el expansionismo militar y la brutal ocupación ilegal. Debe basarse en el respeto al derecho de los pueblos a determinar libre y honorablemente su propio destino. Priorizar supuestos intereses económicos o alianzas regionales por encima de los principios jurídicos solo sirve para socavar todo el orden internacional y debilitar la credibilidad de las instituciones globales.

Ante estos acontecimientos, es necesario instar a Gran Bretaña a reevaluar su postura y alinearse con la legitimidad internacional, no con la brutal y arrogante ocupación. Apoyar al pueblo saharaui en su lucha por la libertad no es una mera postura política, sino una verdadera prueba de los valores que Gran Bretaña ha defendido durante tanto tiempo: justicia, derechos humanos y respeto a los pueblos.

En conclusión, cabe reconocer que la ocupación marroquí ha perdido la escasa autonomía política que pretendía tener. Ahora se dirige cada vez más desde fuera de Rabat, a veces desde Tel Aviv, a veces desde algunos conocidos Estados del Golfo o Francia, todos ellos sembrando activamente la discordia y alimentando la hostilidad regional al servicio de la agenda de un nuevo orden colonial. Esta agenda se manifiesta ahora en los preparativos de Abu Dabi para acoger una nueva conferencia que reunirá a los Estados que la emergente alianza colonial ha logrado influir, con el objetivo de reimponer las realidades coloniales en la región y en África, empezando por el Sáhara Occidental.

¿No es esto un eco de la infame Conferencia de Berlín de 1884, que dividió el continente africano y sus pueblos?

Es hora de que las naciones occidentales, especialmente Gran Bretaña, abandonen la doble moral y se posicionen firmemente a favor de la justicia y la legalidad internacional en el último caso de descolonización que queda en África. También es hora de que los pueblos que resisten reconozcan a sus adversarios y se preparen para una confrontación decisiva entre el poder de la ley y los principios y la fuerza de la agresión y el despojo.

* Malainin Lakhal es un diplomático y escritor saharaui.