El Hotel Palace acoge en la tarde de este martes un foro empresarial organizado por la Cámara de Comercio de Madrid. En él, como adelantó Público, se llamará a invertir en la región de Dajla, dentro del territorio del Sáhara Occidental ocupado por Marruecos. El evento cuenta con el aval del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid mediante un convenio con la Cámara de Comercio.

Desde el Frente Polisario, representante legítimo del pueblo saharaui ante la ONU, han denunciado el foro desde la pasada semana. Abrieron una vía de comunicación con los organizadores y pidieron su cancelación. «Desde la Cámara de Comercio de Madrid han confirmado que la organización del evento ha sido realizada exclusivamente por la Embajada de Marruecos en España», afirma el delegado del Polisario en España, Abdullah Arabi. La Cámara de Comercio prefirió no hacer comentarios a este medio antes de publicarse el artículo.

Según explica Arabi, en la Cámara de Comercio «han incidido en que la inclusión de los logos del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid se debió a un error técnico y que la participación de la Cámara se ha limitado únicamente a la difusión del evento». Una versión que se contradice con las respuestas que tuvo Público de ambas administraciones públicas que enmarcaron sus logotipos en sendos convenios. Al mismo tiempo sí reiteraron que no habían participado de forma directa en la organización del foro.

«Esto supone la confirmación de nuestras sospechas evidenciando una vez más el intento de Marruecos de involucrar a empresas e instituciones en el expolio ilegal de los recursos naturales del Sahara Occidental. Estas prácticas cada vez más habituales, y como ya se ha expuesto en anteriores ocasiones, enmarcadas en la deliberada estrategia de Marruecos de intentar asimilar el territorio del Sahara Occidental al internacionalmente reconocido como territorio marroquí», señala el Frente Polisario.

Para el Polisario, «es una estrategia fracasada» porque «las fronteras están claramente establecidas y reconocidas internacionalmente con la distinción de territorios, tal y como, entre otros, confirmó la Abogada General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en sus conclusiones el pasado mes de marzo».

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