En el tiempo de descuento de la prórroga del acuerdo agrario con Marruecos, la Comisión Europea maniobra para tratar de salvaguardar el acuerdo tumbado por la justicia comunitaria. Y lo hace con el objetivo de mantener el flujo de productos agrícolas y pesqueros procedentes de los territorios ocupados del Sáhara Occidental, con los mismos beneficios arancelarios que disfruta Marruecos, tal y como informó el mes pasado El Independiente. Un movimiento al que se opone el PP en el Parlamento Europeo.

Fuentes populares han confirmado a este diario que su petición es que se excluya por completo al Sáhara Occidental del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Marruecos, desmarcándose así de la posición mantenida por el Gobierno español, que aboga por buscar fórmulas creativas que permitan mantener la relación actual con el régimen alauí sin incomodarlo o herir las relaciones diplomáticas. La postura del PP también supone un desafío a otros partidos que integran el grupo del Partido Popular Europeo (PPE) en Estrasburgo. En 2019, con un dictamen ya del Tribunal de la UE sobre la ilegalidad de los acuerdos que incluían al Sáhara Occidental sin el consentimiento de los saharauis, el PPE apoyó un acuerdo comercial revisado que incluía explícitamente al Sáhara Occidental en su ámbito de aplicación.

Según un documento fechado en agosto de la actual presidencia danesa de la Comisión Europea, la propuesta es abrir conversaciones con Rabat y adaptar el acuerdo de 2018 a la sentencia del TJUE. La estrategia pasa por salvar el comercio con el Sáhara Occidental bajo el paraguas de un nuevo marco legal que, en teoría, cumpla con el derecho europeo e internacional. Para ello, la Comisión Europea ha pedido al Consejo de la Unión Europea un mandato que le permita renegociar el pacto “preservando al mismo tiempo las relaciones comerciales existentes y permitiendo así que continúen las importaciones de productos del Sáhara Occidental con los mismos tipos arancelarios preferenciales que los aplicables a Marruecos”, desliza abiertamente el documento.

Una táctica a la que se oponen los populares. En julio la eurodiputada del PP Carmen Crespo denunció que “la política comercial europea no puede construirse sobre la espalda de nuestros agricultores ni sobre los territorios ocupados ilegalmente”. “Debemos apostar por acuerdos justos, transparentes, que se cumplan y coherentes con los valores la Unión Europea”, reivindicó tras lamentar la competencia desleal de los productos agrarios procedentes de Marruecos y acusar al país vecino de “generar un desequilibrio inaceptable en el el mercado hortofrutícola español y europeo”.
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