Visitar los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf, en Argelia, es un viaje a la desolación física y emocional. Los campamentos se asientan sobre un tórrido y feo pedregal desierto de vida durante las horas de más calor, que solo da tregua a sus habitantes al caer la noche, cuando se sacan las alfombras al exterior para tomar el té bajo un cielo intensamente estrellado. Pero, más que el calor y las piedras, lo que verdaderamente pesa es la sensación de que la principal actividad de sus habitantes es esperar en vano. Una espera desesperante, pues los saharauis siguen sin atisbar la más mínima posibilidad de materializar un derecho a la estatalidad que la Corte Internacional de Justicia les reconoció el 16 de octubre de 1975, hace ya también 50 (desapercibidos) años.

La retirada española del Sáhara y su cesión a Marruecos y a Mauritania, firmada el 14 de noviembre de 1975, seis días antes de la muerte de Franco, fue el último acto de la dictadura. Con ello se evitó que esa humillación contaminara el reinado de Juan Carlos I, proclamado el 22 de noviembre, y se liberó a nuestro proceso de transición de una guerra con Marruecos que muy bien podría haber abortado ese proceso. Los saharauis pagaron por nuestra democracia con su exilio a Argelia, pero no nos guardan rencor. Inexplicablemente, siguen amando a España y queriendo mantener nuestro idioma como una seña de identidad.

Los tribunales internacionales, de La Haya a Luxemburgo, son tozudos en sus pronunciamientos. Según el derecho internacional, el territorio no pertenece a Marruecos. Punto. Pero las realidades internacionales son aún más tozudas, así que el poder, las alianzas y los intereses estratégicos y económicos empujan inexorablemente al Sáhara hacia Marruecos y ponen a España, otra vez, en la tesitura de abandonar a su suerte a los saharauis bajo una fórmula -autonomía dentro de Marruecos- que carece de credibilidad alguna.