Las elecciones al Parlamento Europeo para el próximo 9 de junio se presentan como cruciales para que, en el contexto de guerra por la invasión de Ucrania y el genocidio en Gaza, los europeos podamos decidir si Europa debe continuar por la senda belicista a la que nos han llevado los distintos gobiernos de la Unión o si, por el contrario, es hora de apostar por la paz, el respeto de los derechos humanos y el cumplimiento de la legislación internacional.

El pueblo saharaui sabe muy bien de qué estamos hablando, pues, en los últimos años y desde Europa, no solo se ha favorecido el contexto de la guerra que enfrenta al Frente Polisario con Marruecos desde 2020 y se ha blanqueado la represión marroquí en el Sáhara ocupado, sino que, además, la propia Unión Europea incumple lo dictaminado por sus propios tribunales en lo que respecta a los acuerdos comerciales que tiene esta con la monarquía alauita para expoliar los recursos naturales del Sáhara Occidental.

Pero veamos qué dicen los diferentes partidos políticos en relación al conflicto del Sáhara en los programas electorales que presentan para este próximo 9J.

A las puertas de las elecciones al Parlamento Europeo, la Unión Europea (UE) presencia casi impasible el genocidio que Israel perpetra en la Franja de Gaza. No hay medidas en forma de sanciones o cualquier otra actuación internacional coordinada de tipo económico, diplomático, académico o cultural contra el Estado sionista para que pare la matanza. Al contrario, se le sigue suministrando armamento a Israel desde algunos de los países que conforman la Unión. Lo ha hecho España después del pasado 7 de octubre, y lo hace, por ejemplo, también Alemania, que, siendo el segundo país que más armas vende al Estado judío por detrás de los EEUU, se ha convertido también en su principal valedor entre los países integrantes de la UE. Esto último se explica por el complejo de culpa que el país germano tiene por lo ocurrido con los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Pero lo sucedido entonces no debería justificar un apoyo para que parte de aquellos que consiguieron huir del exterminio nazi cometan ahora también un genocidio pero contra el pueblo palestino.

Sí que ha habido tres países – dos de la UE (España y Bélgica) y uno de fuera de ella (Noruega) – que han reconocido al Estado palestino este pasado 28 de mayo. Pero, aunque es una muy buena noticia, este reconocimiento no es lo que los palestinos necesitan ahora con más urgencia, sino lo impostergable es que se pare ya la matanza no solo en Gaza, sino también en Cisjordania, donde, solo en 2023, ya se contaron alrededor de 500 muertos palestinos a manos de colonos israelíes. Y, en Cisjordania, no está Hamás. Pero no hay sanciones contra Israel. Tan solo palabras y el reconocimiento de un Estado prometido a los palestinos hace ya mucho tiempo, un acto que tiene más de simbólico que de práctico precisamente por la ocupación israelí sobre el territorio.

Sorprende que quien lidera este grupo de países que han reconocido a Palestina como Estado sea el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, pues, como hemos comentado antes, ha comprado y vendido armas a Israel durante estos meses de limpieza étnica contra los palestinos. Pero sorprende también porque, mientras ha hecho suyo el reconocimiento de un Estado para los palestinos, les niega tal cosa a los saharauis, dándose el caso de que, aquí sí, España es directamente responsable del Sáhara Occidental, puesto que, según dictaminó el consultor de Naciones Unidas Hans Corell en 2022, España sigue siendo la potencia administradora del territorio, el único en África pendiente de descolonización.

Pero Pedro Sánchez no solo no reconoce a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), un Estado ya reconocido por más de otros 80 Estados, sino que le niega al pueblo saharaui el derecho a la autodeterminación al haberse posicionado, desde marzo de 2022, en favor de la ocupación militar de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, blanqueando el Gobierno español, de esta manera, la represión que ejerce el régimen marroquí en unos territorios ocupados donde los derechos humanos son vulnerados de una forma sistemática.

Pero, como decimos, los palestinos necesitan algo más que se les reconozca un Estado. Urge una fuerte presión internacional sobre el Gobierno de Netanyahu para que cese el genocidio en Gaza. Si Sánchez quiere de verdad hacer algo para intentar parar esa masacre de civiles, debería amenazar con romper relaciones con el Estado sionista. Pero Sánchez se atreve con Argentina, después de que su presidente, Javier Milei, tachara de corrupta a su mujer, Begoña Gómez. Pero no osa hacer lo mismo con Israel, a pesar de que un genocidio es infinitamente peor que un insulto, por grave que este sea.

En cuanto a la Unión Europea, no todo en ella es cumplimento y respeto por los derechos humanos. En países como Alemania, Francia y, ya fuera de la Unión, Reino Unido, se han prohibido las manifestaciones de apoyo a Palestina, vulnerándose así los derechos a la libertad de expresión y de manifestación. Sin embargo, las protestas solo hacen que multiplicarse en sus diferentes formas, como en las acampadas universitarias que fueron levantadas en un inicio en los EEUU y que han llegado hasta Australia pasando también por Europa. En Barcelona, estas se apuntaron un interesante tanto, pues los estudiantes acampados consiguieron que la Universidad de Barcelona rompiera, como institución, sus relaciones con Israel.

Quizá este apoyo tan extendido a la causa palestina en España y fuera de ella sea lo que explique más el reconocimiento del Estado palestino por parte del Gobierno de Pedro Sánchez a tan solo diez días de las elecciones europeas.

Pero en la Europa que presume de exportar valores de libertad, democracia y respecto a los derechos humanos, también se producen graves retrocesos en estos ámbitos dentro de sus fronteras. El periodista vasco Pablo González está, a día de hoy, cumpliendo más de dos años de secuestro en una cárcel de un país miembro de la Unión Europea, Polonia, con la complicidad del Gobierno y los medios de comunicación españoles. El pasado 17 de mayo, las autoridades polacas prorrogaron por novena vez su prisión provisional. González se enfrenta a 10 años de prisión sin que, por el momento, haya juicio a la vista ni se hayan presentado pruebas inculpatorias. En el contexto de la guerra en Ucrania, el derecho a la información en la UE también se ha visto mermado en este caso, como lo estuvo también con el veto impuesto a los medios públicos rusos Russia Today y Sputnik tras el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero de 2022.

En lo que respecta al Sáhara Occidental, la Unión Europea tampoco respeta aquí el derecho internacional establecido ni los dictámenes que sus propios tribunales de justicia emiten en relación a los acuerdos comerciales que esta tiene con Marruecos. En estos tratados, los recursos naturales del Sáhara Occidental, que pertenecen a la población autóctona del territorio, es decir, a los saharauis, se comercializan entre la monarquía alauita y la UE, a pesar de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) han ido fallando en estos últimos años, como con las sentencias de 2016, 2018 y 2021, en favor de los derechos del pueblo saharaui señalando que el Sáhara Occidental es un territorio distinto de Marruecos y que aún es un territorio pendiente de descolonización. Sin embargo, y a pesar de todo, la Unión Europea sigue usurpando recursos naturales a los saharauis como son la pesca, fosfatos, productos agrícolas y hasta arena del Sáhara Occidental violando así la legalidad internacional y contribuyendo a un expolio promovido por y en beneficio de Marruecos, quien ha ido construyendo, con sus élites y el mundo empresarial marroquí, un entramado institucional y de infraestructuras destinado a normalizar, legitimar y consolidar la anexión ilegítima del territorio saharaui.

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