Desde hace casi 50 años, el Sáhara Occidental vive bajo la ocupación ilegal de Marruecos. Medio siglo de exilio para decenas de miles de saharauis que sobreviven en los campamentos de refugiados de Tinduf, en pleno desierto argelino. Medio siglo de represión, desapariciones, torturas y vulneración sistemática de los derechos humanos en las zonas ocupadas. Medio siglo de un silencio vergonzoso por parte de la comunidad internacional. Pero, sobre todo, medio siglo de hipocresía y traición por parte de España.

Porque España no es una espectadora neutral en este conflicto. Como antigua potencia colonial y administradora del territorio, España sigue siendo la potencia responsable hasta que se culmine el proceso de descolonización, tal como establecen las resoluciones de Naciones Unidas. Los Acuerdos de Madrid de 1975, por los que el régimen franquista entregó el Sáhara a Marruecos y Mauritania, fueron ilegales. España nunca transfirió la soberanía porque no podía hacerlo. Lo único que traspasó fue su cobardía, su abandono y su complicidad.

Y así seguimos. Gobierno tras gobierno, color tras color, España ha preferido mirar hacia otro lado, plegándose a los intereses económicos, al chantaje migratorio y a la presión diplomática de Marruecos. La reciente decisión de reconocer la ocupación marroquí como “solución” al conflicto no solo es una traición a los saharauis, sino también una traición a la legalidad internacional y a los valores democráticos que decimos defender.

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