Mientras actores como Marruecos, Estados Unidos o Francia intentan imponer soluciones unilaterales sobre el Sáhara Occidental, este artículo defiende que solo el Consejo de Seguridad de la ONU puede decidir legítimamente sobre el futuro del territorio. La normalización de decisiones políticas contrarias al derecho internacional supone una amenaza para la legalidad global y un agravio para el pueblo saharaui, que sigue esperando justicia.
El Sáhara Occidental continúa siendo uno de los conflictos más silenciados y tergiversados en la esfera internacional. Mientras algunos actores políticos y analistas normalizan decisiones unilaterales que violan el derecho internacional —como el reconocimiento de soberanía marroquí por parte de Donald Trump en 2020—, es fundamental recordar que el futuro del Sáhara no puede definirse por decretos presidenciales ni acuerdos bilaterales. La única vía legítima sigue siendo la estipulada por las Naciones Unidas: un referéndum de autodeterminación bajo supervisión del Consejo de Seguridad
A pesar del paso del tiempo, las resoluciones de la ONU siguen siendo claras: el Sáhara Occidental es un territorio pendiente de descolonización, y su pueblo tiene derecho a decidir su futuro. Sin embargo, potencias como Francia, Marruecos y EE.UU. han buscado imponer hechos consumados, debilitando la legalidad internacional. La reciente comparecencia de Staffan De Mistura ante el Consejo de Seguridad refleja tanto el estancamiento como la urgencia de avanzar en una solución justa, basada en los principios fundacionales de la organización.
En Europa, el caso de España ilustra cómo la retórica del derecho internacional convive con una práctica entregada a los intereses geoestratégicos. El actual gobierno español, bajo la dirección de José Manuel Albares, ha abandonado su responsabilidad histórica como potencia administradora, adoptando una posición alineada con Marruecos. Como denuncian analistas como Xuxo Morán, se apela a las Naciones Unidas solo cuando conviene, mientras se desoye al pueblo saharaui y se normaliza la ocupación.
Frente a este panorama, son las redes solidarias las que sostienen la causa saharaui. Desde la reciente visita de una delegación catalana recibida por el Presidente de la RASD, hasta el envío de ayuda humanitaria desde Azkoitia o la marcha encabezada por Claude Mangin exigiendo la liberación de presos políticos, la solidaridad internacional se mantiene activa. Estas acciones desafían el olvido institucional y visibilizan un conflicto que persiste a pesar del silencio mediático.
Como afirma la periodista saharaui Ebbaba Hameida, el problema no es solo político, sino también narrativo: al hablar del Sáhara, se deshumaniza a su gente. Organizaciones como CODESA denuncian violaciones constantes de derechos humanos y exigen a la ONU y al Comité Internacional de la Cruz Roja que asuman sus responsabilidades jurídicas. No se puede seguir ignorando al sujeto político principal: el pueblo saharaui.
El destino del Sáhara Occidental no se decide en Rabat, Washington o París. Se debe decidir en el marco de las Naciones Unidas, respetando el derecho a la autodeterminación y la legalidad internacional. Ceder ante presiones o intereses bilaterales es legitimar la ley del más fuerte. El Consejo de Seguridad debe dejar de ser un espacio de bloqueo y convertirse en garante de justicia. Solo así se podrá decir que el orden internacional tiene sentido para todos, y no solo para quienes tienen poder.
📌 Nota de la autora:
Este artículo busca contribuir al debate desde una mirada comprometida con el derecho internacional y la dignidad del pueblo saharaui. Agradezco su difusión en medios y redes sociales.