
Marruecos ha entrado con fuerza en la campaña electoral española. Aparece en los debates, concentra reproches entre los principales candidatos y ocupa un lugar destacado entre las preocupaciones internacionales de una parte del electorado. Sin embargo, hay una paradoja difícil de ignorar: cuanto más se habla de Marruecos, menos espacio parece quedar para discutir el futuro del Sáhara Occidental.
Una encuesta de Cluster17 publicada por Le Grand Continent señala que el 34 % de los españoles consultados considera las relaciones con Marruecos y la situación de Ceuta y Melilla como el asunto internacional que más podría influir en su voto. El porcentaje alcanza el 78 % entre los electores de Vox y el 54 % entre los del Partido Popular. Pero el dato no describe un consenso nacional, sino una preocupación distribuida de manera muy desigual entre los distintos electorados.
El debate televisado del 19 de noviembre entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo confirmó el protagonismo de Marruecos. Las acusaciones sobre inmigración, seguridad fronteriza y relaciones diplomáticas ocuparon buena parte del enfrentamiento. También apareció el cambio de posición española sobre el Sáhara Occidental de marzo de 2022, utilizado por Feijóo para cuestionar la política exterior del Gobierno.
Y ahí comienza el problema de fondo. Una cosa es cuestionar la política española hacia Marruecos y otra muy distinta explicar qué política se propone para el Sáhara Occidental. El giro de 2022 merece un examen público por su alcance y sus consecuencias, pero tampoco basta con denunciarlo para demostrar que existe una alternativa capaz de garantizar el ejercicio de la autodeterminación saharaui.
La relación con Marruecos es importante para España. Lo es por razones geográficas, económicas, diplomáticas y de seguridad. Reconocer esa realidad no obliga a aceptar que todas las decisiones adoptadas en nombre de la cooperación bilateral sean incuestionables. Una política exterior puede buscar estabilidad con Rabat y, al mismo tiempo, estar sometida a un examen crítico sobre su coherencia con el derecho internacional.
Lo verdaderamente significativo es la facilidad con la que el Sáhara Occidental queda absorbido por otros debates. Se habla de Ceuta, de inmigración, de acuerdos comerciales o de cooperación policial. Pero rara vez se dedica el mismo esfuerzo a explicar qué lugar ocupa la autodeterminación en la política española, cómo se relaciona la propuesta de autonomía marroquí con ese derecho o qué responsabilidades siguen pendientes después de cincuenta años.
La cuestión tampoco se resuelve convirtiendo la relación con Marruecos en una prueba de patriotismo. Las posiciones sobre la política exterior pueden discutirse a partir de decisiones comprobables, compromisos parlamentarios y propuestas concretas. Reducirlas a acusaciones sobre quién es más cercano o más hostil a Rabat puede resultar eficaz como confrontación política, pero aporta pocas respuestas sobre el futuro del pueblo saharaui.
Hay, además, una diferencia esencial que conviene mantener presente. Marruecos es un Estado con el que España mantiene relaciones diplomáticas. El Sáhara Occidental es un territorio pendiente de descolonización. Confundir ambos planos termina desplazando el problema jurídico y político que Naciones Unidas todavía no ha resuelto.
Por eso, la pregunta que deja abierta esta campaña no es únicamente qué partido gestionará las relaciones con Marruecos después del 29 de noviembre. Es también qué compromisos concretos estarán dispuestas a asumir las instituciones españolas respecto al Sáhara Occidental, con independencia del resultado electoral.
Marruecos puede ocupar el centro de un debate televisado. Pero el protagonismo mediático de Rabat no debería servir para volver invisible al pueblo saharaui, que sigue esperando ejercer un derecho reconocido internacionalmente.
Victoria G. Corera – Plataforma NO TE OLVIDES DEL SÁHARA OCCIDENTAL
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