En una declaración escrita presentada en el 60º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, la ONG subrayó que la detención arbitraria “sigue siendo una herramienta central en la estrategia más amplia de Marruecos para suprimir los derechos civiles y políticos saharauis, reprimir la disidencia y criminalizar la defensa pacífica de la autodeterminación”.
Según la presentación, los defensores de los derechos humanos, periodistas y estudiantes saharauis son detenidos sistemáticamente sin base legal, sometidos a torturas o malos tratos y condenados en juicios que no cumplen las normas internacionales.
La declaración destacó que las detenciones toman dos formas: encarcelamiento de largo plazo tras juicios injustos y detenciones de corto plazo, no registradas, destinadas a acosar.
“La detención arbitraria en el Sáhara Occidental no es una serie de incidentes aislados, sino una política deliberada y sistemática de las autoridades marroquíes”, declaró la ONG. Estas medidas buscan intimidar a las personas, crear un clima de miedo y silenciar la legítima resistencia en la sociedad saharaui.
El grupo enfatizó que muchas detenciones se realizan sin orden judicial, a menudo vinculadas a protestas pacíficas, publicaciones en redes sociales o expresiones políticas. Según informes, a los detenidos se les niega el acceso a asistencia letrada, se les mantiene en prisión preventiva prolongada y se les somete a tortura o malos tratos.
“Los juicios violan sistemáticamente las normas internacionales de justicia procesal, ya que los tribunales se basan en confesiones obtenidas mediante coacción y no garantizan la independencia judicial”, afirma la declaración escrita, añadiendo que las sentencias son “severas y desproporcionadas, claramente destinadas a disuadir un mayor activismo”.
Se dice que las detenciones arbitrarias de corta duración, especialmente contra estudiantes, ocurren durante momentos políticamente sensibles, como aniversarios de eventos de resistencia saharaui o manifestaciones públicas.
Las víctimas denuncian abusos verbales y físicos, interrogatorios forzados y amenazas, y luego son liberadas sin documentación. Según la ONG, esta práctica impide que las familias y las organizaciones de la sociedad civil busquen justicia o reparación, lo que afianza aún más la impunidad.
La declaración llamó la atención sobre varios casos emblemáticos que ilustran lo que denominó la política marroquí de criminalizar la disidencia pacífica. Entre ellos se encuentra Al-Hussein El Bachir Ibrahim, defensor de derechos humanos que cumple una condena de 12 años tras un proceso «marcado por graves violaciones del debido proceso».
De manera similar, el periodista Khatri Dadda fue sentenciado a 20 años de prisión por pruebas controvertidas tras su arresto en diciembre de 2019. La declaración escrita también recordó el caso del grupo Gdeim Izik, donde 24 activistas saharauis fueron sometidos a torturas y juicios injustos tras el desmantelamiento del campamento de protesta de 2010.
“Estos casos no son incidentes aislados, sino parte de una política más amplia de criminalización de la disidencia en el Sáhara Occidental”, escribió la organización, subrayando que los tribunales marroquíes recurren a “medidas judiciales punitivas y políticamente motivadas” para silenciar las voces saharauis.
A pesar de las reiteradas conclusiones del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria de que dichas detenciones son ilegales, la ONG señaló que “las autoridades marroquíes no han tomado ninguna medida correctiva”.
La declaración criticó la constante negativa de Marruecos a implementar las recomendaciones de los Procedimientos Especiales de la ONU o a brindar reparación a las víctimas. Señaló que «las personas declaradas detenidas arbitrariamente permanecen en prisión, y las denuncias de tortura y coerción no se han investigado de forma independiente».
La ONG también denunció la “continua falta de acceso internacional al Sáhara Occidental” para observadores de derechos humanos, periodistas y mecanismos de la ONU, advirtiendo que la ausencia de un mandato de monitoreo de derechos humanos dentro de la MINURSO perpetúa un clima de impunidad.
En sus recomendaciones, la Fundación Al-Basher instó al Consejo de Derechos Humanos y a los Estados miembros a actuar con decisión. Instó a la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos saharauis detenidos arbitrariamente, incluidos los miembros del grupo Gdeim Izik, Khatri Dadda y Al-Hussein El Bachir Ibrahim.
Además, instó al Consejo a condenar las detenciones arbitrarias, garantizar el cumplimiento por parte de Marruecos de las normas internacionales sobre juicios justos y poner fin al uso de la tortura y los malos tratos.
Por último, la declaración escrita pidió cambios estructurales, incluida la concesión de acceso irrestricto al Sáhara Occidental a los Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas y a los observadores independientes, y el mandato de “establecer un mecanismo permanente de vigilancia de los derechos humanos de las Naciones Unidas en el Sáhara Occidental”.
Concluyó reafirmando “el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y las resoluciones pertinentes de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad”.
La Fundación Al-Basher para el Desarrollo es una ONG con estatus consultivo especial ante las Naciones Unidas que se centra en la educación, la atención médica y las actividades humanitarias por medios pacíficos. Ofrece cursos educativos gratuitos, servicios de atención médica, apoya la solidaridad social y defiende los derechos humanos y de las mujeres. (SPS)
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