En relación con en el Sáhara Occidental, el gran quebradero de cabeza actual del Majzén son las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)

Los acontecimientos de tensión permanente entre España y Marruecos no han dejado nunca de ser los dos mismos de siempre que han marcado la compleja relación bilateral durante las últimas décadas, con lo de la integridad territorial como «Point Chaud»: el conflicto de la antigua colonia española del Sáhara Occidental y la presencia española en las ciudades de Ceuta y Melilla.La diferencia y la paradoja es que, hoy, estos dos asuntos, por una parte, la cuestión del Sáhara Occidental y las gestiones en las fronteras entre España y Marruecos, funcionan ante todo como focos de entendimiento y cooperación fluida entre los dos “vecinos” que ocuparon ilegalmente la franja del Sáhara.

En relación con en el Sáhara Occidental, «el gran quebradero de cabeza actual de las autoridades marroquíes son las sucesivas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)», que desde 2015 vienen estableciendo que los acuerdos de cooperación bilateral UE-Marruecos no pueden aplicarse al territorio del Sáhara Occidental ya que no forma parte del Reino de Marruecos. Esto ha hecho temblar los cimientos mismos de la política exterior de Marruecos e incluso de España, así ha analizado Irene Fernández Molina profesora de relaciones internacionales en la universidad de Exeter.

La Comisión Europea (CE) y el Reino de Marruecos buscaron una base «no legal» para renegociar acuerdos comerciales y de pesca entre Rabat y Bruselas sin excluir al territorio del Sáhara Occidental ocupado –posibilidad inaceptable para Marruecos– pero evitando que los echen abajo en los tribunales. España desempeña un papel directo y vital en esta batalla, y Marruecos espera que sigue actuando como aliada en Bruselas, y así lo ha hecho hasta ahora.

Por otra parte, la reacción amenazadora del ministerio de Agricultura marroquí, Aziz Akhnouch, a la sentencia del TJUE de 2016 dejó claro el «issue linkage» que las autoridades de este país establecen entre la comprensión europea hacia su “cuestión nacional” y la continuidad de su papel de “gendarme” de la frontera y las migraciones con destino al resto de Europa.

En este segundo asunto, Marruecos ha visto cómo aumentaba su influencia a medida que crecía el tránsito migratorio por su territorio hacia Europa y el nerviosismo de las autoridades españolas. Un papel de presión y chantaje hacia España en el tema del Sáhara Occidental, tal y como lo afirmaba el ex ministro de exteriores de España, Manuel García Margallo.

Por otra parte, la sentencia emitida el 16 de febrero de 2019, el TJUE subraya que el acuerdo entre Marruecos y la UE únicamente es aplicable a las aguas bajo soberanía o jurisdicción de Marruecos, que están limitadas a las adyacentes a su territorio y comprendidas en su mar territorial o su zona económica exclusiva.

Por tanto, la Justicia europea declara que, dado que el territorio del Sáhara Occidental no forma parte del Reino de Marruecos, las aguas adyacentes al Sáhara Occidental «no están comprendidas en la zona de pesca marroquí».

Para evitar cualquier interpretación sesgada de esta sentencia, el Tribunal Europeo estipuló desde el primer párrafo que «el Sahara Occidental es un territorio registrado por las Naciones Unidas (ONU) en 1963 como un territorio no Autónomo de acuerdo con el artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas y en el que sigue apareciendo en la actualidad: territorio pendiente de descolonización.

De manera similar, la orden judicial declaró en su párrafo 30 que «se debe considerar que el pueblo saharaui goza del derecho a la libre determinación» y como un «tercero» en el sentido del principio de efecto. Tratado (sentencia de 21 de diciembre de 2016, Consejo / Frente Polisario, C-104/16 P).

Al examinar el propósito de la decisión del Consejo de la UE impugnada por el Frente Polisario, a saber, la renegociación del acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos, el Tribunal recordó en este contexto el contenido de su orden del 19 de julio de 2018.

Este ámbito geográfico limitado ha llevado al Tribunal a aceptar el «motivo de inadmisibilidad», invocado por el Consejo de la UE y apoyado por Francia y la Comisión Europea, en la medida en que la decisión impugnada no está dirigida a nombrar al negociador de la Unión Europea, a saber, la Comisión Europea, sin producir efectos, directos e individualmente, sobre la situación legal del solicitante, en este caso el Frente Polisario.

La orden de la Corte Suprema da una clara señal de cuáles serán las próximas batallas legales, y en su párrafo 30 se establece que «el hecho es que cualquier posible asignación de la situación legal del solicitante debe evaluarse a la luz del contenido del acuerdo en el que se basarán las negociaciones iniciadas en virtud de la Decisión impugnada.