La implicación creciente de empresas francesas en proyectos energéticos y agroindustriales en el Sáhara Occidental ocupado pone de relieve una deriva cada vez más evidente: la subordinación del derecho internacional a intereses económicos y a cálculos diplomáticos. El caso de Engie, con la puesta en marcha de un parque eólico en Dajla destinado a sostener la agroindustria de exportación, ilustra esta estrategia de hechos consumados, pese a la clara jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
En este análisis, el periodista Ali Attar examina cómo el respaldo explícito del Estado francés está alentando a sus grandes empresas a operar en un territorio pendiente de descolonización, asumiendo riesgos jurídicos crecientes y contribuyendo a una dinámica que organizaciones de derechos humanos califican ya como «greenwashing de la colonización». Una apuesta económica y política cuyos costes, tarde o temprano, amenazan con trasladarse al conjunto de la sociedad.
Ali Attar
Engie en el Sáhara Occidental
Tres meses después de las primeras alertas, la multinacional francesa Engie ha oficializado la puesta en marcha de su controvertida infraestructura eólica en el Sáhara Occidental. Esta etapa operativa no es más que la parte visible de un movimiento mucho más amplio: como subraya un reciente análisis de Alternatives Économiques, el territorio se ha convertido en el «nuevo eldorado» de las empresas francesas, alentadas por el respaldo diplomático de París pese a un riesgo jurídico evidente.
El precedente eólico: una infraestructura al servicio de la agroindustria
A mediados de marzo de 2025, el director regional de Engie para el norte de África confirmó el inicio de operaciones del parque eólico de Dajla, situado en la parte del Sáhara Occidental controlada por Marruecos. Con una capacidad de 60 megavatios, este parque tiene como función estratégica abastecer una planta desaladora destinada a regar más de 5.000 hectáreas de tierras agrícolas.
Estas producciones —principalmente tomates y melones—, destinadas en su mayoría a la exportación hacia Europa, chocan frontalmente con la jurisprudencia europea. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) recordó, en su sentencia histórica de 4 de octubre de 2024, confirmada nuevamente en diciembre de 2025, que los acuerdos comerciales entre la UE y Marruecos no pueden aplicarse al Sáhara Occidental sin el consentimiento del pueblo saharaui.
Hidrógeno verde y la «carrera hacia el Oeste» de las empresas francesas
Más allá de este proyecto eólico, Engie se inscribe ahora en una auténtica ofensiva económica francesa. En octubre de 2024, el grupo firmó un acuerdo de desarrollo conjunto (JDA) con la Oficina Jerifiana de Fosfatos (OCP), el gigante marroquí del sector, que contempla hasta 17.000 millones de euros de inversiones, en particular para la producción de hidrógeno verde y amoníaco.
Pero Engie está lejos de ser un caso aislado. Como señala la revista económica de referencia Alternatives Économiques, la región asiste a una avalancha de actores franceses atraídos por las promesas energéticas del territorio.
Además de Engie, empresas como HDF Energy o Gedia (filial de la ciudad francesa de Dreux) se posicionan en proyectos de energías renovables, mientras que grandes grupos como Safran, SNCF o Veolia han participado en foros económicos organizados directamente en Dajla.
Lo que cambia radicalmente el escenario es el respaldo del Estado francés. Allí donde los inversores actuaban antes con cautela, ahora cuentan con la «garantía» institucional de París. La banca pública de inversión Bpifrance y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) han ampliado su ámbito de actuación al Sáhara Occidental, dispuestas a financiar proyectos de infraestructuras al margen de cualquier marco jurídico claro.
¿Una apuesta diplomática despreciando el riesgo jurídico?
Esta aceleración es consecuencia directa del acercamiento diplomático entre París y Rabat, sellado con la visita del embajador de Francia al Sáhara Occidental en noviembre de 2024, tras la carta enviada por Emmanuel Macron. Al reconocer de facto la soberanía marroquí a través de sus inversiones, Francia anima a sus campeones nacionales a ignorar las reiteradas advertencias jurídicas.
Sin embargo, el riesgo de cumplimiento normativo (compliance) nunca ha sido tan elevado. Organizaciones no gubernamentales, entre ellas Western Sahara Resource Watch (WSRW), denuncian un «greenwashing de la colonización» y advierten de que la seguridad de estas inversiones es ilusoria frente a las reiteradas sentencias del TJUE.
Mientras grupos internacionales como Epiroc o Continental se han retirado del Sáhara Occidental por razones éticas, la estrategia francesa del «hecho consumado» económico plantea serios interrogantes. Al apostar por este «eldorado» controvertido, Engie y otras empresas francesas confían en que la realpolitik prevalezca sobre el derecho internacional.
Se trata de una estrategia de alto riesgo, en la que la responsabilidad social corporativa parece, por ahora, quedar relegada frente a las oportunidades de mercado. Pero cuando llegue el momento de rendir cuentas, alguien tendrá que asumir el coste, y todo indica que podría ser el contribuyente francés quien acabe pagando la factura.
Ali Attar es un analista reconocido de la actualidad del Magreb. Sus análisis políticos y su conocimiento de las redes de poder lo convierten en una referencia sobre la región.
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