El Intergrupo Paz y Libertad para el Pueblo Saharaui del Congreso de los Diputados ha lanzado una advertencia clara al Gobierno: votar a favor del nuevo acuerdo comercial entre la Unión Europea y Marruecos que incluye al Sáhara Occidental sería colocarse, una vez más, en el lado equivocado de la historia.

En una carta dirigida al ministro de Asuntos Exteriores con fecha 30 de septiembre de 2025, los diputados expresan su “más rotundo rechazo a las maniobras de la Comisión Europea y Marruecos para imponer un nuevo acuerdo comercial que pretende incluir al Sáhara Occidental, un territorio ocupado ilegalmente y sobre el cual Marruecos no posee soberanía ni autoridad administrativa”. La declaración se apoya en las múltiples sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que han reiterado que ningún acuerdo puede aplicarse al Sáhara Occidental sin el consentimiento expreso de su pueblo, representado exclusivamente por el Frente Polisario.

El texto alerta además de que “cualquier intento de ignorar este principio no solo es una violación flagrante de la legalidad internacional, sino un desprecio deliberado hacia las resoluciones judiciales europeas y hacia el derecho a la autodeterminación reconocido por la ONU”. El Intergrupo recuerda que el Frente Polisario ha anunciado que recurrirá de nuevo a la justicia europea para frenar el expolio si se aprueba el acuerdo, lo que supondrá más anulación de tratados, más costes judiciales y más inseguridad para la Unión Europea.

España, como potencia administradora del Sáhara Occidental, se encuentra en el centro de esta cuestión. El documento subraya que el Estado español “no puede ni debe permitir que se utilicen los recursos del pueblo saharaui para perpetuar la ocupación colonial de Marruecos, bajo la excusa de unos supuestos beneficios económicos que solo sirven para enriquecer al ocupante y obstaculizar las aspiraciones legítimas del pueblo saharaui”. No es una cuestión técnica ni de oportunidad económica: es un asunto de legalidad, de derechos humanos y de coherencia con el derecho internacional.

El llamamiento final es inequívoco: “Exigimos que el Gobierno de España vote en contra de este acuerdo en el Consejo de la Unión Europea y que se posicione con firmeza frente a cualquier intento de legitimar la ocupación marroquí”. Y añade una advertencia con peso político y moral: “Apoyar este texto sería situar a España del lado de la ilegalidad, de la vulneración de derechos humanos y del desprecio al Estado de derecho europeo”.

El Intergrupo concluye con una apelación que debería interpelar a toda la sociedad: “España debe estar en el lado correcto de la historia, defendiendo la justicia, la legalidad internacional y el derecho inalienable del pueblo saharaui a decidir libremente sobre su futuro”.

La encrucijada es clara: o el Gobierno de Pedro Sánchez se alinea con Bruselas y Rabat en un nuevo intento de legalizar lo ilegal, o cumple con sus obligaciones como potencia administradora, respetando el derecho internacional y defendiendo al pueblo saharaui. No hay término medio.

Plataforma «No te olvides del Sahara Occidental»