España y Marruecos celebrarán este miércoles y jueves en Madrid su decimotercera Reunión de Alto Nivel, la primera desde la celebrada en Rabat en 2023 y que llega, según EFE, “en el marco de las excelentes relaciones” entre ambos países. El Gobierno español quiere presentar esta cita como una prueba de estabilidad tras el giro de abril de 2022, cuando Pedro Sánchez decidió respaldar el plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental. Sin embargo, los datos y contextos aportados por EFE, El País y otros medios dibujan un panorama mucho más frágil, en el que la política sobre el Sáhara —y el relato construido en torno a ella— condiciona todas las dimensiones de la relación bilateral.
El clima de la cumbre llega marcado por la narrativa marroquí según la cual la ONU habría “avalado” su propuesta de autonomía tras la resolución del Consejo de Seguridad del 31 de octubre. El País reproduce esta idea al afirmar que Rabat aterriza en Madrid “reforzado”, pero incluso la formulación citada por EFE —una autonomía “genuina” podría representar “el resultado más factible”— revela que no existe ningún aval jurídico a la soberanía marroquí. La resolución ni reconoce la ocupación, ni respalda la autonomía como única salida, ni elimina la autodeterminación como principio rector. El “podría” se convierte en propaganda política, y España, al asumir ese marco interpretativo, ha reforzado una narrativa que contradice el derecho internacional reafirmado por el Tribunal Internacional de Justicia, el TJUE y la propia Asamblea General de la ONU.
Al mismo tiempo, la hoja de ruta pactada entre Sánchez y Mohamed VI en marzo de 2022 sigue mostrando profundas lagunas. El País señala que, casi un año después de la reapertura de las aduanas de Ceuta y Melilla, el tráfico comercial es insignificante: en Ceuta apenas se han registrado unas pocas decenas de expediciones, en su mayoría áridos, y en Melilla las cifras tampoco superan unos pocos miles de kilos. Marruecos cerró las aduanas durante la Operación Paso del Estrecho y ahora realiza obras que colapsarán aún más el tránsito. Es decir, España hizo la gran concesión política —el giro sobre el Sáhara— y Marruecos no ha devuelto, ni de lejos, la contraprestación económica prometida.
El contexto político complica aún más la situación. EFE recuerda que la última RAN estuvo marcada por la ausencia de Mohamed VI, y esta vez el Gobierno español evita incorporar a ministros de Sumar para no exponer públicamente las divergencias internas sobre el Sáhara. En Marruecos, la coalición gubernamental se prepara para un año electoral en 2026 y busca reforzar su imagen internacional precisamente a través de la cumbre. Los medios marroquíes han vuelto a airear, en vísperas del encuentro, la expansión unilateral de su zona económica exclusiva frente a Canarias y el control del espacio aéreo del Sáhara, aunque fuentes diplomáticas españolas intentan restar importancia a estos movimientos. Todo ello refleja un equilibrio inestable en el que Rabat combina gestos de cooperación con recordatorios periódicos de su capacidad de presión territorial.
En materia migratoria, España destaca la caída del 63% en llegadas a Canarias, pero tanto los datos como el contexto muestran que este descenso depende más de la voluntad política de Rabat que de la gestión española. El aviso publicado por ABC —según el cual Marruecos presionará con más inmigración si Feijóo intenta revertir el giro de Sánchez— confirma que la migración continúa siendo un instrumento de poder en la relación bilateral. Este elemento está completamente ausente del discurso institucional de la cumbre, aunque condiciona de forma decisiva sus resultados.
En el ámbito económico, la cooperación avanza con una intensidad notable. España es desde hace una década el primer socio comercial de Marruecos y financia proyectos estratégicos como la desaladora de Casablanca o la compra de trenes para el Mundial de 2030. Sin embargo, El País subraya que las grandes licitaciones —alta velocidad a Marraquech, expansión del aeropuerto de Casablanca— no cuentan con participación española, sino francesa y china. España invierte, pero Marruecos selecciona a otros actores para los contratos más lucrativos, lo que evidencia un desequilibrio persistente entre la retórica de asociación estratégica y los beneficios económicos reales.
En este contexto, el Sáhara Occidental vuelve a ser el “elefante en la sala”, omnipresente en los discursos y ausente en la agenda oficial. EFE recuerda que el Frente Polisario, aprovechando el 50 aniversario de la salida española del territorio, acusó al Gobierno de ceder al “chantaje y manipulación” de Marruecos y renunciar al derecho internacional. Nada de esto aparecerá en la cumbre. Tampoco habrá referencia al proceso de descolonización pendiente, ni a la guerra abierta en el territorio desde 2020, ni al fallo del TJUE que confirma que Marruecos no tiene soberanía ni administración legítima sobre el Sáhara. La cumbre ofrece una imagen de cooperación, pero se sostiene sobre una política exterior española que ha renunciado a defender el marco jurídico internacional y que sigue sin obtener resultados tangibles en las áreas que justificaron el giro.
La XIII Reunión de Alto Nivel España–Marruecos se presenta como un paso adelante en la relación bilateral, pero en realidad consolida un equilibrio artificial marcado por concesiones unilaterales, dependencias estructurales y la sombra permanente de un conflicto de descolonización que no puede resolverse al margen de la legalidad internacional. La cumbre escenifica normalidad, pero los hechos revelan lo contrario.
PLATAFORMA «NO TE OLVIDES DEL SAHARA OCCIDENTAL»
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