La política del Gobierno de Pedro Sánchez hacia Marruecos en relación con el Sáhara Occidental se ha caracterizado en los últimos años por una sucesión de gestos, decisiones diplomáticas y acuerdos administrativos que muchos analistas interpretan como una progresiva política de acomodación a las posiciones del Reino de Marruecos. Desde el giro diplomático de 2022 sobre el plan de autonomía marroquí hasta acuerdos administrativos recientes, el Ejecutivo español ha ido adoptando medidas que, en la práctica, refuerzan la estrategia de Rabat en el territorio.

Uno de los episodios más recientes es el acuerdo administrativo firmado en diciembre de 2025 entre los ministerios de Educación de España y Marruecos recogido por EL DEBATE en su artículo «Sánchez cede a Mohammed VI la enseñanza en el último bastión español del Sáhara ocupado por Marruecos». El convenio establece que el profesorado encargado de impartir lengua árabe y civilización marroquí en los centros educativos españoles dependientes del Estado en Marruecos será proporcionado directamente por la administración educativa marroquí.

El acuerdo, publicado en el Boletín Oficial del Estado, define las condiciones para que Marruecos ponga a disposición de estos centros a su propio profesorado funcionario, que impartirá la asignatura conforme a su sistema educativo.

Entre los centros afectados se encuentra el colegio español La Paz de El Aaiún, uno de los últimos vestigios institucionales de la presencia española en el territorio del Sáhara Occidental. La decisión ha sido interpretada por algunos sectores como una nueva muestra de la creciente influencia marroquí en espacios que históricamente estaban vinculados a la administración española.

Este episodio no puede entenderse de forma aislada. Se produce en un contexto diplomático marcado por el cambio de posición del Gobierno español en marzo de 2022, cuando Pedro Sánchez comunicó a Rabat su apoyo al plan de autonomía marroquí como base para resolver el conflicto del Sáhara Occidental. Aquella decisión supuso un giro histórico respecto a la tradicional posición española de respaldo al proceso de autodeterminación auspiciado por Naciones Unidas.

Desde entonces, diversos analistas han señalado que la política española hacia Marruecos se ha caracterizado por una lógica de normalización y cooperación que evita cuestionar las posiciones de Rabat sobre el territorio. En paralelo, las autoridades marroquíes han consolidado su control político, administrativo y económico sobre el Sáhara Occidental, reforzando la integración del territorio en sus estructuras estatales.

Sin embargo, más allá de las decisiones diplomáticas adoptadas por distintos gobiernos, el marco jurídico internacional permanece inalterado. Naciones Unidas sigue considerando el Sáhara Occidental un territorio no autónomo pendiente de descolonización, cuyo estatuto final debe resolverse mediante el ejercicio del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.

Desde esta perspectiva, los acuerdos administrativos, los gestos diplomáticos o las posiciones políticas adoptadas por distintos gobiernos no modifican el fundamento jurídico del conflicto. Lo que sí reflejan es la evolución de las relaciones políticas entre España y Marruecos, así como la creciente dificultad de la diplomacia española para mantener una posición clara y coherente en un conflicto cuya responsabilidad histórica sigue estando vinculada a España.

La cuestión de fondo sigue siendo, por tanto, la misma que hace décadas: el Sáhara Occidental continúa siendo un proceso de descolonización inconcluso, mientras la política española oscila entre la gestión pragmática de su relación con Marruecos y la responsabilidad histórica que todavía le atribuye el derecho internacional.

Source: Sánchez cede a Mohammed VI la enseñanza en el último bastión español del Sáhara ocupado por Marruecos