El Gobierno español junto al francés presionó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para modificar las históricas sentencias que el pasado octubre tumbaron los acuerdos agrícola y pesquero entre Bruselas y Rabat y allanar así el camino para obtener el consentimiento del pueblo saharaui que exige la corte comunitaria. La justicia europea ha desestimado los intentos de adulterar los fallos de los que el ministro de Exteriores José Manuel Albares jamás informó a la prensa o en sus comparecencias en el Congreso de los Diputados.

El punto de discordia por el que batalló la Comisión con el respaldo de Moncloa y el Elíseo está referido al término pueblo y población. La sentencia menciona «el pueblo saharaui» como propietario de los recursos naturales del Sáhara Occidental frente a la población actual del Sáhara ocupado que Marruecos ha ido alimentando con sus nacionales procedentes de territorio marroquí.
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