El pasado 4 de octubre de 2024 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitió una sentencia sobre los acuerdos comerciales y pesqueros entre la Unión Europea y Marruecos en relación con el Sáhara Occidental. Dicha sentencia, calificada de histórica, determinó que esos acuerdos no son aplicables en el Sáhara Occidental, ya que el pueblo saharaui, titular del derecho de autodeterminación, no había dado su consentimiento.

La sentencia del TJUE establecía una diferencia entre la «población» del Sáhara Occidental y el «pueblo» del Sáhara Occidental, determinando que este último es el que tiene derecho, es el titular del derecho a la autodeterminación, y que no puede ejercerlo porque en su mayor parte ha sido desplazado. El Tribunal dictaminó que el derecho de autodeterminación pertenece a ese pueblo, y no a la población de ese territorio en general, de la que solo el 25% es de origen saharaui.

La Comisión Europea, con el respaldo de Francia y España, solicitó el 24 de octubre de 2024, veinte días después de la histórica sentencia, la rectificación de los párrafos sobre la titularidad del derecho de autodeterminación, con el argumento de que no estaba claro si la mayoría del pueblo saharaui vive fuera del territorio. Esa solicitud de la Comisión Europea ha sido rechazada el 15 de enero de 2025 por el TJUE reafirmándose en su sentencia y manteniéndola tal y como fue emitida, manteniendo claro que lla mayoría del pueblo saharaui ha sido desplazado y no vive en el territorio en la actualidad y la mayoría de los habitantes actuales del territorio no son saharauis.

La acción de la Comisión Europea, que además actuó de forma opaca y con falta de transparencia al no informar al Parlamento Europeo sobre su solicitud de rectificación, ha sido un intento de manipulación para justificar la explotación ilegal del territorio por parte de Marruecos, como ha sido la calificado la organización Western Sahara Resource Watch.

Esta cuestión ha suscitado una serie de preguntas al Gobierno por parte de la diputada Tesh Sidi, del Grupo Plurinacional Sumar, inquiriendo acerca del respaldo del Gobierno español a la acción de la Comisión Europea de impugnar las sentencias del TJUE e interpelándole acerca de cómo piensa acatar y respaldar las decisiones de la justicia europea para defender el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. También es objeto de indagación por parte de la diputada la cuestión sobre la falta de información al Parlamento Europeo por parte de la Comisión, y finalmente compromete la respuesta del Gobierno a que este se pronuncie acerca de si va a anteponer los intereses de explotación económica de los territorios ocupados por pare de Marruecos o los derechos legítimos y legales de autodeterminación el pueblo saharaui.