Moussayih señaló que los jóvenes saharauis, incluidos los defensores de los derechos humanos y los estudiantes, están en la primera línea de la represión sistemática practicada por la potencia ocupante marroquí, y explicó que atacar a este grupo es en realidad atacar a una generación de defensores de los derechos humanos, estudiantes y jóvenes desempleados en los que se basa la causa saharaui para garantizar la continuación de la lucha por el derecho a la autodeterminación.

Subrayó que la represión judicial es una de las formas más peligrosas de restricción de las libertades en el Sáhara Occidental, donde las autoridades marroquíes utilizan los mecanismos legales y judiciales no para garantizar la justicia y los derechos, sino como herramienta de represalia contra los activistas saharauis de derechos humanos y para disuadirlos de desempeñar sus funciones legítimas de vigilancia y documentación de las violaciones de derechos humanos.

Moussayih explicó que entre las manifestaciones más destacadas de esta represión legal contra activistas saharauis se encuentran las detenciones arbitrarias, pues en 2024 se documentaron 88 casos sin justificación legal genuina o basados ​​en acusaciones falsas. A esto le siguen los procedimientos judiciales injustos, donde los activistas son sometidos a juicios sin las condiciones necesarias para su imparcialidad, como la ausencia del derecho a la defensa o la confianza en confesiones firmadas bajo coacción.

Después viene la etapa de las duras condenas, con duras sanciones penitenciarias o económicas destinadas a la disuasión, además de una criminalización vaga a través de cargos como “socavar la seguridad interior” o “insultar a las autoridades”, utilizados para criminalizar el ejercicio de la libertad de expresión y de reunión.

Se refirió a la opinión del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria en el caso del estudiante saharaui y preso político Hussein Amadour, sindicalista y activista estudiantil saharaui del Sáhara Occidental ocupado, quien solicitó asilo en España y fue deportado a Marruecos en enero de 2019 sin que se examinara su solicitud de asilo. Posteriormente, fue condenado por Marruecos a doce años de prisión en un juicio que no cumplió con las condiciones de un juicio justo.

Según Moussayih, el Grupo de Trabajo de la ONU consideró que privar a Hussein de su libertad constituía una detención arbitraria, ya que contradecía los artículos 9 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que están vinculados esencialmente a las condiciones de un juicio justo y de un trato mientras se está bajo custodia policial.

Por consiguiente, el Grupo de Trabajo instó a Marruecos a adoptar las medidas necesarias para abordar el caso de Hussein sin demora y ponerlo en conformidad con las normas internacionales aplicables, incluidas las establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

También consideró que la medida adecuada, a la luz de todas las circunstancias del caso, era la liberación inmediata de Hussein, junto con el derecho a obtener reparaciones, en particular en forma de indemnización, de conformidad con el derecho internacional.

Además, el Grupo instó a Marruecos a garantizar una investigación exhaustiva e independiente sobre las circunstancias de la detención arbitraria de Hussein y a adoptar las medidas necesarias contra los responsables de violar sus derechos.

Sin embargo, a pesar de todas estas opiniones de la ONU, además de la opinión emitida en el caso de los estudiantes saharauis en 2020, y la opinión relativa al grupo Gdeim Izik y otras opiniones que piden a Marruecos que acelere la liberación de los presos políticos, la potencia ocupante sigue prolongando su detención injustificada.

Moussayih destacó los efectos directos de esta represión, como el silenciamiento de voces, lo cual crea un clima de miedo que impide a los activistas ejercer sus derechos y convierte al Sáhara Occidental en una zona aislada. Prueba de ello, afirmó, es que, desde diciembre de 2014 hasta 2024, se ha denegado la entrada al Sáhara Occidental a 327 activistas de derechos humanos y periodistas extranjeros. También se ha impedido la visita de relatores de la ONU, a pesar de las reiteradas solicitudes presentadas a lo largo de los años.

Añadió que la potencia ocupante marroquí trabaja para debilitar a la sociedad civil saharaui, ya que los ataques contra defensores de derechos humanos provocan la paralización de asociaciones y organizaciones de derechos humanos. Más concretamente, los ataques contra jóvenes y estudiantes son evidentes, como lo ilustran los datos que muestran la edad de los presos políticos atacados.

Moussayih destacó que la represión legal representa un doble peligro: es una herramienta utilizada por la potencia ocupante marroquí para restringir los derechos y libertades dentro de la sociedad civil saharaui, especialmente entre la nueva generación de defensores, pero también representa un modelo de castigo colectivo a través de la imposición de largas condenas, el traslado de presos políticos saharauis lejos del Sáhara Occidental y las restricciones impuestas a sus familias.

Al concluir su intervención, Moussayih enfatizó que enfrentar este fenómeno es una responsabilidad colectiva, a fin de asegurar la primacía del estado de derecho en lugar de la “ley de la fuerza” que los enemigos de los derechos humanos pretenden imponer en el mundo, citando a Palestina como testimonio de esta situación.

El panel fue organizado por Front Line Defenders, el Servicio Internacional para los Derechos Humanos y la Fundación Rafto, con el apoyo de la Misión Permanente de Sudáfrica. Participaron el profesor Mads Andenas, expresidente del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, y los defensores de derechos humanos saharauis Ibrahim Moussayih, Hassana Abba y Mahfoud Bechri.

La sesión fue moderada por Tone Sørfonn Moe, con las palabras de apertura de Priyal Sepaha. Concluyó con las intervenciones de Tsholofelo Tsheole, Representante Permanente Adjunto de Sudáfrica ante la ONU en Ginebra, y el defensor de los derechos humanos saharaui El Ghalia Djimi. (SPS)