Así lo han confirmado a El Independiente su abogada, Fatma El Galia, y la propia Haidar, quien lo achaca a una persecución política del Gobierno español en connivencia con el régimen marroquí. La activista había pedido una autorización para retornar a los territorios ocupados del Sáhara Occidental para encontrarse con un pariente, una posibilidad recogida en la legislación española. «Tengo un tío en estado muy grave en la fase final», explica Haidar.

De haber sido concedida, la autorización le hubiera permitido viajar a El Aaiún y regresar después a territorio español mientras se dirime el recurso contencioso administrativo presentado por su letrada después de que en diciembre se le denegara la residencia de la que ha venido disfrutando durante los últimos 16 años. «La denegación de la residencia es una actuación gravísima. La resolución está llena de errores, entre ellos la fecha de la solicitud. Pero no se trata de una decisión administrativa sino de una medida política», explicó entonces Haidar en una entrevista con este diario.

Decisión política

«Esperábamos que se le diese una autorización de regreso porque tiene un tío a punto de fallecer y quiere verle por última vez. Hemos aportado el informe médico para informar de la urgencia y nos encontramos con la sorpresa de que no le dan la autorización de regreso porque alegan que haber presentado el recursos vida judicial no resulta suficiente para la concesión», señala a este diario su abogada.

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