La empresa energética española Naturgy mantiene conversaciones con la compañía estatal argelina Sonatrach para incrementar las importaciones de gas argelino hacia España, en un contexto europeo marcado por la reconfiguración de los suministros energéticos tras la guerra de Ucrania y la reducción drástica del gas ruso. Así lo recoge el artículo «Voici pourquoi Naturgy veut augmenter l’importation de gaz algérien vers l’Espagne», publicado el 14 de diciembre de 2025 por el periodista Aylan Afir, que subraya el papel central de Argelia como proveedor estratégico para España y la Unión Europea.
Según los datos citados en la información, Argelia representó cerca del 35 % de las importaciones de gas de España en 2025, con más de 119 TWh suministrados, situándose por delante de Estados Unidos o Catar. La existencia del gasoducto Medgaz y la proximidad geográfica convierten a Argelia en un socio clave para garantizar estabilidad de suministro en un mercado energético volátil, especialmente para una economía como la española, altamente dependiente del gas en el ámbito industrial y doméstico.
Sin embargo, este refuerzo de la cooperación energética no puede analizarse de forma aislada. La apuesta por Argelia como proveedor fiable contrasta con el silencio político de España y de la UE sobre el Sáhara Occidental, territorio pendiente de descolonización según Naciones Unidas y objeto de una ocupación ilegal por parte de Marruecos. La paradoja es evidente: mientras se busca seguridad energética apoyándose en un actor regional clave, se evita abordar con la misma claridad la legalidad internacional en el conflicto saharaui, pese a su impacto directo en la estabilidad del Magreb.
El caso de Naturgy ilustra así una dinámica más amplia: la energía como eje de la política exterior europea, donde los intereses estratégicos pesan más que la coherencia con el derecho internacional. Reforzar las relaciones con Argelia puede ser legítimo y necesario desde el punto de vista energético, pero hacerlo sin una política clara y respetuosa con el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación vuelve a situar a España y a la UE en una posición frágil, marcada por el cortoplacismo y las contradicciones.
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