Ginebra, 25 de febrero de 2026 — En el marco de la 61ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, celebrada estos días en el Palacio de las Naciones, tuvo lugar un seminario internacional titulado “Monitorización de los derechos humanos en zonas de conflicto”, una iniciativa impulsada por el Grupo de Ginebra para el Apoyo al Sáhara Occidental junto con la representación del Frente Polisario en Ginebra.
El encuentro reunió a ministros de países aliados, diplomáticos y especialistas en derecho internacional humanitario y derechos humanos. Los trabajos fueron presididos por el ministro de Justicia, Asuntos Constitucionales y Religiosos de Mozambique, y se centraron en el análisis de los mecanismos de supervisión en contextos de ocupación y conflicto armado prolongado.
Durante el seminario se abordaron distintas situaciones en las que, según los participantes, se registran violaciones graves de derechos fundamentales: desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, restricciones a la libertad de expresión y asociación, así como obstáculos sistemáticos al trabajo de defensores y observadores internacionales. Más allá de la enumeración de abusos, varios ponentes insistieron en un elemento estructural: la ausencia de mecanismos independientes y permanentes de monitorización debilita la prevención, la documentación y la rendición de cuentas.
El caso del Sáhara Occidental: un vacío persistente
Uno de los ejes centrales del debate fue el Sáhara Occidental, descrito por varios intervinientes como uno de los conflictos no resueltos más antiguos inscritos en la agenda de Naciones Unidas. El territorio sigue figurando en la lista de territorios no autónomos pendientes de descolonización, y el proceso político auspiciado por la ONU continúa sin alcanzar una solución definitiva conforme al derecho internacional.
En este contexto, los participantes subrayaron que, a diferencia de otras misiones de paz contemporáneas, la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) no dispone de un mandato específico para la supervisión de los derechos humanos. Esta particularidad ha sido objeto de debate durante años en foros internacionales y ha generado críticas por parte de organizaciones de derechos humanos que consideran que el vacío de monitoreo limita la protección efectiva de la población civil.
Asimismo, se recordó que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos no ha podido realizar misiones de observación regulares en el territorio desde 2015, lo que, según los participantes, dificulta una evaluación independiente y sistemática de la situación sobre el terreno.
Derechos humanos y solución política: una relación inseparable
Más allá del diagnóstico, el seminario puso sobre la mesa una cuestión de fondo: la relación entre protección de derechos humanos y resolución política del conflicto. Varios expertos coincidieron en que la persistencia de un proceso de descolonización inconcluso no es únicamente un problema jurídico, sino también un factor que incide directamente en la estabilidad regional del Magreb y el Sahel.
Desde esta perspectiva, la ausencia de una solución política conforme al derecho internacional no solo prolonga la incertidumbre institucional, sino que contribuye a un entorno de tensión estructural donde las garantías de derechos pueden verse erosionadas. En este sentido, los participantes defendieron que el fortalecimiento de mecanismos de supervisión no sustituye a la solución política, pero sí constituye un elemento clave para evitar la normalización de situaciones de excepción prolongadas.
El seminario se inscribe así en un debate más amplio que atraviesa la actual sesión del Consejo de Derechos Humanos: cómo reforzar la arquitectura internacional de protección en contextos de conflicto prolongado y ocupación, y cómo asegurar que los compromisos jurídicos de los Estados se traduzcan en mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
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