La nota de prensa empresarial presenta el paso como un avance técnico hacia estudios de viabilidad, evaluaciones ambientales y permisos industriales. Sin embargo, el problema no es técnico, sino jurídico y político. Dajla no está en Marruecos. Se encuentra en un territorio reconocido por Naciones Unidas como territorio no autónomo pendiente de descolonización, ocupado por Marruecos desde 1975. La potencia ocupante no tiene título soberano sobre la tierra ni sobre sus recursos naturales.

La propia comunicación corporativa identifica el lugar como situado en “las regiones del sur de Marruecos”. Esa formulación, habitual en la narrativa oficial marroquí, contraviene la doctrina constante de la ONU y la jurisprudencia europea que establecen que el Sáhara Occidental es “separado y distinto” de Marruecos. La cuestión central es clara: ¿con qué legitimidad puede Rabat reservar suelo industrial en un territorio cuya soberanía no le pertenece?

Según ha denunciado Western Sahara Resource Watch (WSRW), aceptar tierras asignadas por una potencia ocupante sin título legal implica asumir riesgos jurídicos y contribuir a la normalización de una situación contraria al derecho internacional. La organización recuerda que ningún proyecto puede considerarse conforme a derecho si no cuenta con el consentimiento del pueblo saharaui, titular del derecho a la autodeterminación y a disponer de sus recursos.

El anuncio deja además zonas de ambigüedad relevantes. TAQA Morocco suministraría la infraestructura de generación renovable —previsiblemente eólica y solar— en Dajla. Moeve, por su parte, lideraría la producción y comercialización de e-combustibles en el puerto de Jorf Lasfar, situado en Marruecos propiamente dicho. Esta posible fragmentación de la cadena de valor abre un interrogante delicado: electricidad generada en territorio ocupado que se transforma y exporta como producto “marroquí”. La trazabilidad del origen y el cumplimiento del derecho internacional quedan así en entredicho.

No es un movimiento aislado. TAQA ya participa, junto a la compañía real marroquí Nareva, en un megaproyecto eólico de 1.200 MW en el Sáhara Occidental ocupado, acompañado de una línea de transmisión de más de 1.400 kilómetros hacia el norte. En paralelo, Marruecos impulsa la construcción del puerto de Puerto de Dakhla Atlantique, infraestructura estratégica destinada a convertir la zona en plataforma exportadora de productos energéticos derivados del hidrógeno. La transición energética aparece así entrelazada con una consolidación física y económica de la ocupación.

WSRW ha señalado también que, en 2025, ocho relatores especiales de la ONU alertaron sobre demoliciones de viviendas saharauis vinculadas a la expansión de proyectos energéticos en el territorio. La dimensión “verde” de estas inversiones no neutraliza el contexto político en el que se desarrollan. Antes al contrario, puede servir para proyectar una imagen de modernización y sostenibilidad mientras se soslaya la cuestión fundamental: el estatus jurídico del territorio y los derechos de su población.

Ni TAQA ni Moeve han aclarado públicamente si su proyecto se sitúa al norte o al sur de la frontera internacionalmente reconocida entre Marruecos y el Sáhara Occidental. El silencio empresarial contrasta con la magnitud de la operación y con el hecho de que se trata de infraestructuras de largo plazo, destinadas a transformar estructuralmente el territorio.

La transición energética es una necesidad global. Pero ningún proyecto puede considerarse realmente sostenible si descansa sobre la apropiación de tierras y recursos sin el consentimiento de su pueblo. El hidrógeno no se vuelve “verde” por decreto administrativo. La legalidad internacional no es un obstáculo técnico que pueda obviarse en una nota de prensa.

Fuente: Western Sahara Resource Watch (WSRW).

Origen: Western Sahara Resource Watch | TAQA-Moeve obtains land in occupied Western Sahara