Human Rights Watch y Amnistía Internacional denuncian procedimientos injustos contra presos saharauis

Madrid (ECS).- Human Rights Watch y Amnistía Internacional han denunciado que diecinueve activistas saharauis del grupo de Gdeim Iizik languidecen en prisión años después de ser condenados por tribunales marroquíes en procedimientos injustos.

 

HRW y AI, en una nota conjunta, recuerdan que las condenas del grupo Gdeim Izik “surgieron de su supuesto papel en la violencia letal que estalló el 8 de noviembre de 2010, cuando la policía marroquí desmanteló un campamento de protesta en el Sáhara Occidental” y que los juicios se vieron empañados por una gran dependencia de las «confesiones» que los acusados ​​repudiaron como obtenidas mediante tortura.

 

“Diecinueve hombres han pasado ahora 12 años en prisión, con años aún por cumplir, después de juicios que se basaron en gran medida en confesiones contaminadas”, ha dicho Lama Fakih, director para Medio Oriente y África del Norte de Human Rights Watch, y ha agregado que “el paso del tiempo solo ha aumentado la injusticia en este caso”.

 

“El órgano de expertos sobre tortura de las Naciones Unidas –dice el comunicado– condenó el año pasado violaciones de la Convención contra la Tortura en tres casos relacionados con los acusados ​​de Gdeim Izik, y puso en duda el valor probatorio de las tardías investigaciones del poder judicial marroquí sobre sus denuncias de tortura, que no pudieron establecer si la tortura había tenido lugar durante los interrogatorios seis años antes”.

 

 

«Las fuerzas de seguridad marroquíes procedieron a desmantelar el campamento de Gdeim Izik, que constaba de unas 6.500 tiendas de campaña que los saharauis habían levantado un mes antes cerca de El Aaiún, en el Sáhara Occidental controlado por Marruecos, para protestar por sus condiciones sociales y económicas. Los enfrentamientos violentos resultantes en el campamento y en El Aaiún mataron a 11 agentes de seguridad, según funcionarios marroquíes, así como a 3 civiles.

 

 

Las fuerzas de seguridad marroquíes golpearon y maltrataron repetidamente a las  personas que detuvieron inmediatamente después. Veinticinco hombres, algunos de los cuales fueron detenidos por la policía antes de ingresar al campamento, fueron acusados ​​posteriormente de formar una banda delictiva y participar o ser cómplices de violencia contra las fuerzas de seguridad “con intención de causar la muerte”, entre otros cargos. Entre los hombres había varios defensores de los derechos humanos saharauis».

 

HRW y AI indican: «Con las confesiones repudiadas como prueba principal, un tribunal militar en 2013 condenó a los 25 acusados, sentenció a 23 de ellos, incluido uno en rebeldía que había huido al extranjero, a penas de 20 años o más, y a 2 a penas ya cumplidas.

 

En 2016, el Tribunal de Casación anuló el veredicto del tribunal militar alegando que se basaba en pruebas no concluyentes. El caso fue remitido a un nuevo juicio en un tribunal civil.

 

En 2017, el Tribunal de Apelación de Rabat volvió a juzgar el caso y confirmó todas las condenas al tiempo que redujo las sentencias de dos acusados, que luego quedaron en libertad. Otro de los 25 originales estaba en libertad provisional desde 2011 por motivos de salud y murió en 2018.

 

Durante el juicio, la Corte de Apelaciones ordenó exámenes médicos forenses a los acusados ​​dispuestos a someterse a ellos siete años después de sus interrogatorios. Los médicos examinadores concluyeron en los casos que examinaron que, dado el paso del tiempo, la tortura no podía probarse ni desmentirse. No obstante, el tribunal procedió a admitir como prueba las confesiones en disputa, junto con pruebas presentadas recientemente que en gran medida no lograban vincular a los acusados ​​individuales con actos específicos de causar la muerte o lesiones graves.

 

En un fallo de noviembre de 2021 sobre una denuncia presentada por un acusado de Gdeim Izik, Mohamed Bourial, el Comité contra la Tortura de la ONU criticó las investigaciones de tortura de la corte de apelaciones, tanto por su lentitud como por no cumplir con el Protocolo de Estambul, un conjunto de pautas para investigar y documentar las denuncias de tortura. El comité dijo que “el Estado parte se ha excedido con creces en el plazo razonable para impartir justicia en el caso del autor…. 11 años después de los hechos y de la presentación de las primeras denuncias de tortura, no se ha realizado ninguna investigación de conformidad con el Protocolo de Estambul”.

 

 

El comité adoptó una decisión similar en julio de 2022 en respuesta a una denuncia de otro preso de Gdeim Izik, Abdeljalil Laaroussi, y concluyó que:

 

El tribunal de apelaciones no tomó debidamente en consideración las alegaciones de tortura de [Laaroussi] cuando lo condenó sobre la base de sus confesiones. Al no realizar ninguna verificación de fondo de las alegaciones del peticionario, más allá del examen médico ordenado por el tribunal, el cual no se había realizado conforme al Protocolo de Estambul, y utilizar esas declaraciones en el procedimiento judicial contra el peticionario, [Marruecos] violó manifiestamente sus obligaciones en virtud del artículo 15 de la convención [traducción de Human Rights Watch].

 

El artículo 15 prohíbe admitir pruebas obtenidas mediante tortura en cualquier procedimiento, excepto como prueba contra alguien acusado de tortura. El comité en 2022 también criticó a Marruecos en su fallo sobre una petición presentada por un tercer denunciante de Gdeim Izik, Sidi Abdallah Abbahah. De nuevo, el problema principal fue que no se investigaron con prontitud sus denuncias de tortura. El tribunal de apelaciones había ofrecido en 2017 investigar las acusaciones de Abbahah que datan de 2010, pero Abbahah se negó.

 

Tras el juicio de 2017, las autoridades dispersaron a los 19 acusados ​​restantes de Gdeim Izik, que habían estado recluidos juntos, en 6 prisiones dentro de Marruecos. La mayoría están recluidos en prisiones a por lo menos 1.000 kilómetros de El Aaiún, la ciudad de donde provienen la mayoría. Varios han llevado a cabo repetidas huelgas de hambre desde entonces, alegando abusos que incluyen la negación de atención médica o visitas familiares, y abusivo confinamiento en solitario. Todos también han exigido traslados a prisiones más cercanas a sus familias en o cerca del Sáhara Occidental. Las Reglas Mínimas de la ONU para el Tratamiento de los Reclusos establece en el artículo 59: “Los reclusos serán asignados, en la medida de lo posible, a prisiones cercanas a sus hogares…”.

 

El 31 de octubre, Omar Hilale, embajador de Marruecos ante las Naciones Unidas, negó cualquier maltrato a los prisioneros de Gdeim Izik.

 

El Tribunal de Casación de Marruecos confirmó el veredicto el 25 de noviembre de 2020, sin dejar abiertas vías de apelación judicial interna.

 

El 1 de julio de 2022, los abogados de 18 de los 19 presos presentaron una extensa petición al Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, pidiéndole que declarara arbitraria su detención. Todavía tiene que emitir una decisión».

 

HRW y AI relatan la situación de la excolonia española: « La mayor parte del Sáhara Occidental, un territorio no autónomo según la ONU, ha estado bajo el control de facto de Marruecos desde que se apoderó del territorio de España, su antiguo administrador colonial, en 1975. El gobierno lo considera territorio marroquí y rechaza las demandas de un voto sobre la autodeterminación que incluiría la independencia como una opción. Esa opción se incluyó en el referéndum que Marruecos y el Polisario, el movimiento de liberación del Sáhara Occidental, acordaron en un acuerdo de alto el fuego de 1991 mediado por la ONU. La ONU no reconoce la anexión de facto de Marruecos.

 

Las autoridades marroquíes impiden sistemáticamente las reuniones en el Sáhara Occidental en apoyo de la autodeterminación saharaui. Marruecos obstruye el trabajo de algunas organizaciones no gubernamentales locales de derechos humanos, incluso acosando a sus miembros y bloqueando los procesos de registro legal, y en ocasiones golpeando a activistas y periodistas bajo su custodia y en las calles.

 

“El continuo encarcelamiento del grupo Gdeim Izik sobre la base de evidencia contaminada muestra que cuando se trata de aquellos que se oponen al gobierno marroquí sobre el Sáhara Occidental, un juicio justo es una quimera”, ha dicho Amna Guellali, subdirectora de Medio Oriente y África del Norte en Amnistía Internacional».