Sáhara Occidental: las empresas francesas en el banquillo de los acusados
El Sáhara Occidental se prepara para emprender acciones legales contra las empresas francesas que explotan ilegalmente sus recursos. Se trata de una iniciativa que va mucho más allá de una simple batalla jurídica: representa un golpe político y diplomático de gran envergadura, al revelar las verdaderas motivaciones del apoyo de Francia al plan marroquí de autonomía. En el fondo, se trata de la explotación ilegal de un territorio que las Naciones Unidas reconocen como no autónomo.
En efecto, el Centro de Análisis del Sáhara Occidental (CASO) ha anunciado su intención de iniciar, a partir del 1 de enero de 2026, una serie de demandas ante tribunales franceses contra toda empresa implicada, directa o indirectamente, en la explotación económica del Sáhara Occidental sin el consentimiento del pueblo saharaui.
Esta iniciativa representa un giro importante en la lucha contra la ocupación ilegal de este territorio, inscrito desde 1963 en la lista de territorios no autónomos de la ONU en espera de descolonización.
En un comunicado oficial, el CASO recuerda que su acción se basa en la jurisprudencia constante del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que ha fallado en varias ocasiones —notablemente el 4 de octubre de 2024— sobre la ilegalidad de los acuerdos comerciales firmados entre la UE y Marruecos cuando se aplican al Sáhara Occidental sin el consentimiento explícito del pueblo saharaui.
Comunicado de prensa del Centro de Análisis del Sáhara Occidental (CASO)
París, 4 de agosto de 2025
Asunto: Inicio de acciones legales en Francia contra empresas que operan ilegalmente en el Sáhara Occidental ocupado
A partir del 1 de enero de 2026, el Centro de Análisis del Sáhara Occidental (CASO) iniciará litigios ante los tribunales franceses, en el marco de sus misiones de interés público, contra cualquier empresa o entidad económica que haya contribuido, directa o indirectamente, a la explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental, territorio no autónomo según las Naciones Unidas, sin el consentimiento libre y expreso del pueblo saharaui.
Esta decisión se ajusta a la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en particular su sentencia de 4 de octubre de 2024 (asuntos acumulados C‑778/21 P y C‑798/21 P) , que recordó solemnemente que los acuerdos entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos solo pueden aplicarse al Sáhara Occidental con el consentimiento del pueblo saharaui. El TJUE también reconoció la legitimación del Frente Polisario para actuar en nombre de dicho pueblo.
En consecuencia, CASO se propone: denunciar ante los tribunales cualquier actividad económica realizada por empresas francesas o que operen en territorio nacional en relación con la explotación ilegal de los recursos del Sáhara Occidental (productos agrícolas, energía, turismo, pesca, logística, etc.); perseguir penalmente los actos de prácticas comerciales engañosas, las violaciones de los derechos de las personas o la complicidad en el saqueo, basándose en el derecho francés, el derecho europeo y los principios del derecho internacional público; También remitir el asunto a las autoridades de control competentes, en particular en materia de aduanas, de cumplimiento de ESG o de deber de cuidado (ley nº 2017-399).
CASO también crea una unidad de monitoreo legal y ciudadano, en conjunto con abogados, funcionarios electos y organizaciones de derechos humanos, con el fin de documentar cada caso y establecer la responsabilidad de los actores económicos involucrados. Es hora de recordar, tanto en derecho como en conciencia, que ningún beneficio económico puede justificar la violación del derecho a la autodeterminación de un pueblo colonizado.
CASO – Centro de Análisis del Sáhara Occidental
Cabe destacar también que la alta jurisdicción europea ya ha invalidado dos acuerdos comerciales —uno pesquero y otro agrícola— que habían sido extendidos abusivamente a este territorio.
En este contexto, el CASO prevé denunciar y llevar ante la justicia a las empresas francesas que operan en el Sáhara Occidental por diversos delitos, como prácticas comerciales engañosas, complicidad en el expolio, violación del derecho a la autodeterminación y atentados contra los derechos humanos.
Subrayando su intención de apoyarse en el derecho francés, europeo e internacional, el CASO ha anunciado la creación de una unidad de vigilancia jurídica y ciudadana compuesta por juristas, cargos electos y ONG.
Explotación multiforme, complicidad silenciosa
En el punto de mira del CASO se encuentran varios grupos franceses implicados directamente en sectores estratégicos como la agricultura, el turismo, la energía, la minería, el transporte y otros.
Medios de comunicación ya habían citado, entre otros, el caso de invernaderos industriales en Dajla, que producen tomates y melones exportados a Europa con etiqueta “marroquí” para ocultar su origen saharaui.
El sector turístico también está implicado: plataformas como Booking.com, TripAdvisor o Airbnb han sido señaladas por promover actividades deportivas en Dajla.
La energía es otro eje de explotación franco-marroquí en el Sáhara Occidental. En este ámbito, la empresa Engie vuelve a ser señalada por su participación en proyectos de producción de hidrógeno verde, alimentados por una planta desalinizadora vinculada a vastas infraestructuras agrícolas. Son inversiones que entran en contradicción directa con el fallo del TJUE de 2024.
En el ámbito minero, es bien sabido que los fosfatos extraídos en Bucraa —que representan más del 60 % de las exportaciones del Sáhara Occidental— son explotados por la Oficina Jerifiana de Fosfatos (OCP), con apoyo de inversiones francesas. Sin embargo, menos de un tercio de los trabajadores son saharauis y estos no se benefician en absoluto de dicha actividad.
El sector más emblemático del expolio franco-marroquí es sin duda el de la pesca. En este sentido, cabe recordar el caso del buque Key Bay, que transportaba aceite de pescado saharaui al puerto francés de Fécamp, acción que ya motivó demandas legales impulsadas por el Frente Polisario. La sobrepesca del pulpo saharaui, a menudo exportado con etiqueta marroquí, también ha sido objeto de fuertes críticas por parte de organizaciones ecologistas.
Por último, el sector logístico ilustra la profundidad del involucramiento francés. Empresas como CMA CGM, bancos, aseguradoras e incluso operadores de telecomunicaciones como Alcatel Networks están presentes en la región mediante filiales o asociaciones locales, consolidando así la presencia económica francesa en un territorio ocupado.
Una diplomacia francesa bajo influencia económica
En el plano diplomático, Francia dio un giro entre 2023 y 2024 al respaldar el plan marroquí de autonomía de 2007, en detrimento de la opción del referéndum de autodeterminación reconocido por la ONU. Este respaldo político abrió la puerta a una intensificación de las inversiones económicas francesas en el territorio saharaui, en flagrante violación del derecho internacional.
Frente a esta situación, el CASO recuerda que “ningún beneficio económico puede justificar la violación del derecho a la autodeterminación de un pueblo colonizado”. Su iniciativa judicial, sin precedentes en Francia, no solo busca hacer cumplir las decisiones del TJUE, sino también alertar a la opinión pública sobre la participación silenciosa y sistemática de la economía francesa en el expolio del Sáhara Occidental.
Fuente: https://lalgerieaujourdhui.dz/sahara-occidental-les-entreprises-francaises-sur-le-banc-des-accuses/