Bruselas vuelve a mirar a Rabat. La Comisión ha dado el primer paso para reabrir la negociación de un nuevo acuerdo pesquero con Marruecos, apenas un año después de que el Tribunal de Justicia de la UE tumbara el anterior por aplicarse en el Sáhara Occidental sin el consentimiento del pueblo saharaui. El anuncio ha sido realizado por el comisario europeo de Pesca, Costas Kadis, en un momento en el que Bruselas intenta recomponer una relación estratégica que había quedado en suspenso tras el revés judicial y la expiración del protocolo en julio de 2023.

Los Gobiernos de los 27 países miembro deben ahora aprobarlo para iniciar las discusiones con el régimen alauí con un nuevo convenio de pesca en el horizonte. A su juicio, es un avance «muy importante» tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que en octubre de 2024 anuló tanto los convenios comercial como pesquero por contravenir los intereses del Sáhara Occidental. Hace unas semanas la Comisión Europea reformó el texto anulado como medida temporal.

Tumbado por los tribunales

El expediente arrastra una década de tensiones. Durante años, el convenio fue uno de los pilares de la diplomacia pesquera europea y una fuente de ingresos para Rabat. 138 licencias, 92 de ellas españolas, permitían faenar en aguas marroquíes y saharauis a embarcaciones de Andalucía, Canarias y Galicia. El fin del acuerdo afectó a un sector que había buscado alternativas más lejanas.

La sentencia del TJUE de octubre de 2024 estableció que el Sáhara Occidental es un territorio distinto y separado de Marruecos y que cualquier acuerdo que afecte a sus recursos requiere el consentimiento del pueblo saharaui. Bruselas ha tratado de sortearlo buscando atajos jurídicos.

Mientras Europa reevalúa su margen legal y político, Rabat ha movido ficha. En los últimos meses ha reforzado su cooperación pesquera con Rusia. Moscú y Rabat mantienen acuerdos desde los años noventa, pero los contactos se han intensificado tras el vacío dejado por la UE.

El Frente Polisario ha observado el movimiento con preocupación y amenazar con volver a los tribunales. «Cualquier nuevo acuerdo que incluya las aguas del Sáhara Occidental sin nuestro consentimiento será ilegal, como ya ha dicho la justicia europea», ha advertido Oubi Bachir Bouchraya, representante del Polisario para Europa. Para el movimiento saharaui, la cuestión no es técnica ni pesquera, sino de soberanía: la UE no puede legitimar la explotación de recursos en un territorio pendiente de descolonización.

En España, el debate se reabre en el Congreso. Algunas formaciones reclaman que el Gobierno condicione cualquier apoyo al respeto explícito del fallo europeo. «No se puede volver a mirar hacia otro lado. El acuerdo debe ajustarse plenamente al derecho internacional», defendió el diputado de Sumar Agustín Santos Maraver durante su intervención parlamentaria.