En los pasados días 9 y 10 de diciembre (2024) he tenido el honor de participar en la Conferencia Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental, celebrada en el Parlamento Europeo en Bruselas. Un espacio de debate y reflexión que, lejos de limitarse al análisis jurídico, ha puesto en evidencia la grave injusticia que se perpetúa sobre el pueblo saharaui y la inaceptable indiferencia de la comunidad internacional, particularmente de la Unión Europea.

La cuestión del Sáhara Occidental no es una mera disputa territorial ni una herencia olvidada del colonialismo. Es una crisis humanitaria y política que afecta a miles de personas despojadas de su tierra, sus derechos y sus recursos. Desde 1975, Marruecos ocupa ilegalmente el territorio saharaui, sometiendo a su población a una constante violación de derechos humanos, mientras explota sus recursos naturales con total impunidad. Todo ello, a pesar de las reiteradas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que han dejado claro que Marruecos no tiene soberanía alguna sobre el Sáhara Occidental y que cualquier acuerdo comercial que incluya recursos provenientes de este territorio es ilegal.

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