La ocupación del Sáhara Occidental no “se resuelve” con el autodenominado plan de autonomía marroquí. Este plan no “resuelve” nada para el pueblo saharaui: institucionaliza la represión y el expolio de sus recursos. Sin autodeterminación, no habrá paz.

Durante casi dos décadas, Marruecos ha intentado imponer su autodenominado “plan de autonomía” como si fuera la llave maestra para cerrar el conflicto del Sáhara Occidental. A fuerza de repetición y de complicidades internacionales, esta narrativa ha calado en ciertos círculos políticos y mediáticos que la presentan como “la solución más realista”. Pero no se trata de realismo, sino de resignación ante una ocupación ilegal. Bajo esa fórmula se esconde un objetivo claro: liquidar el derecho inalienable del pueblo saharaui a la autodeterminación y blanquear, con sello de supuesta legitimidad internacional, la anexión de un territorio reconocido por la ONU como no autónomo y pendiente de descolonización.

El discurso que acompaña a este plan es profundamente político: pretende desplazar el centro del debate desde la autodeterminación hacia la aceptación de la soberanía marroquí como punto de partida, transformando al ocupante en “administrador legítimo” y a la víctima en “minoría a integrar”. Este cambio de marco no es inocente: responde a los intereses estratégicos de potencias que priorizan acuerdos económicos, militares y energéticos con Rabat por encima del respeto al derecho internacional. Asumir esta premisa no solo traiciona a un pueblo que lleva casi medio siglo en el exilio y bajo represión, sino que sienta un precedente peligroso para todos los procesos de descolonización pendientes en el mundo.

El autodenominado plan de autonomía no es compatible con la legalidad internacional. La Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de la ONU proclamó que «todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación; en virtud de este derecho, determinan libremente su condición política». En la misma línea, la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia (1975) dejó claro que «no se ha establecido la existencia de ningún vínculo de soberanía territorial entre el territorio del Sáhara Occidental y el Reino de Marruecos». Cualquier propuesta que parta de la premisa de una soberanía marroquí impuesta es, por tanto, contraria al derecho internacional. Las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2016, 2018 y 2021 reafirmaron que el Sáhara Occidental es «un territorio distinto y separado» de Marruecos y que su pueblo debe dar su consentimiento para cualquier acuerdo que le afecte, lo que invalida todos los actos y proyectos realizados sin ese consentimiento.

Incluso desde un punto de vista hipotético, la aplicación de un plan de autonomía en el marco político de Marruecos carece de cualquier credibilidad. No hablamos de un Estado democrático con instituciones independientes y garantías efectivas de derechos, sino de un régimen autoritario donde el poder se concentra en torno al monarca y al Majzén, con estructuras y prácticas de corte casi medieval. La represión contra el movimiento rifeño en 2017, las detenciones masivas de periodistas y activistas, y la persecución de cualquier manifestación pacífica en el resto del país muestran que Rabat no tolera la disidencia, ni siquiera dentro de sus fronteras reconocidas. ¿Cómo podría existir una “autonomía” real en un territorio ocupado cuando en el conjunto del país no se respetan derechos básicos como la libertad de expresión, de asociación o de manifestación? En estas condiciones, el plan no solo es ilegal a la luz del derecho internacional, sino también inviable en la práctica: una maniobra destinada a tranquilizar a la comunidad internacional mientras se mantiene intacto el control absoluto de Rabat.

Presentar este plan como “la solución” no solo es jurídicamente nulo, sino políticamente perverso. Sustituir el referéndum por una autonomía bajo ocupación equivale a legitimar el uso de la fuerza como medio para apropiarse de un territorio, algo prohibido por la Carta de las Naciones Unidas. Significa también institucionalizar la represión contra la población saharaui en los territorios ocupados, donde activistas y periodistas son perseguidos, encarcelados y, en muchos casos, torturados por ejercer su derecho a la protesta o por informar. Según Amnistía Internacional, figuras como Sultana Jaya han pasado años bajo arresto domiciliario sin juicio, y la ONU ha documentado detenciones arbitrarias y juicios sin garantías contra defensores de derechos humanos.

A la represión política se suma el expolio económico. Marruecos extrae anualmente más de dos millones de toneladas de fosfato del yacimiento de Bucraa, uno de los más grandes del mundo, y los exporta sin el consentimiento del pueblo saharaui, como documenta Western Sahara Resource Watch. Empresas europeas y multinacionales han firmado contratos ilegales para explotar los caladeros atlánticos frente a las costas saharauis, a pesar de las sentencias del TJUE que prohíben incluir al Sáhara Occidental en acuerdos comerciales sin la aprobación expresa de sus legítimos representantes. Además, Rabat impulsa megaproyectos de energía eólica y solar en el territorio ocupado, destinados a abastecer tanto a Marruecos como a empresas extranjeras, perpetuando un modelo de saqueo que priva a la población autóctona de cualquier beneficio.

El Consejo de Seguridad de la ONU estableció en su Resolución 690 (1991) la creación de la MINURSO para organizar un referéndum libre y justo que permitiera al pueblo saharaui «decidir libremente su destino». Esa obligación no ha desaparecido, aunque Marruecos y sus aliados intenten enterrarla bajo un lenguaje diplomático calculado. Ni la ONU ha aprobado el plan como única vía, ni puede hacerlo sin violar sus propios principios fundacionales.

La ocupación del Sáhara Occidental no está “resuelta” por el plan marroquí. Lo único que se resuelve con él es la necesidad de Rabat de obtener un reconocimiento implícito de su ocupación y de seguir explotando impunemente un territorio que no le pertenece. La comunidad internacional, y especialmente aquellos Estados que se declaran defensores del derecho internacional, tienen la obligación política y moral de rechazar este intento de cierre en falso. La verdad es simple: mientras no se garantice el derecho a la autodeterminación, no habrá paz; y mientras persista la ocupación, el Sáhara Occidental seguirá siendo un caso abierto de descolonización pendiente.