El Enviado del Secretario General de las Naciones Unidas para el Sahara, Staffan de Mistura, en una sesión a puerta cerrada en el Consejo de Seguridad, planteó la idea de la partición del Sahara Occidental como propuesta de solución del conflicto. Rápidamente el Frente Polisario mostró su oposición a la idea. Esto no es algo nuevo, en 2002, durante la gestión de Koffi Annan como Secretario General de Naciones Unidas.

Por Jorge Alejandro Suárez Saponaro

Director de Diario El Minuto para Argentina

Las Naciones Unidas intentaron aplicar la “receta” de la partición, en el caso del Mandato de Palestina. La resolución 181 de 1947, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, dio paso al denominado “Plan de Partición con Unión Económica”.  En su momento fue creada la UNSCOP, el Comité Especial para Palestina, compuesto por once países, donde las grandes potencias no estaban representadas, con el objetivo de dar el mayor marco de neutralidad.  El resultado fue la propuesta de crear en el territorio del Mandato Británico de Palestina, dos estados (árabe y judío) y un territorio bajo administración internacional (Jerusalén).  El plan fracasó por la oposición de la Liga Árabe y del propio Reino Unido que por razones políticas no quería asumir el costo de implementar el plan. Sin entrar en debate, el proyecto naufragó por la falta de consenso entre los actores involucrados.

El proceso de paz del Sahara Occidental murió formalmente luego de los incidentes de Guerguerat en 2020, cuando Marruecos violó abiertamente el denominado Acuerdo Militar Nro. 1 en el marco del Plan de Arreglo de 1991. El desalojo violento de manifestantes saharauis por parte de fuerzas marroquíes, sepultaron definitivamente un plan de paz que solo existe en el papel. Rabat se ha negado sistemáticamente a cumplir con lo acordado en materia de realizar el censo para el referéndum de autodeterminación; la reducción de la presencia militar en las zonas ocupadas; la posibilidad que los saharauis puedan visitar sus familiares en los territorios ocupados; el silencio ante el reclamo por los prisioneros de guerra saharauis desaparecidos en manos marroquíes. Este comportamiento ha sido tolerado por Francia, principal aliado de Rabat; Estados Unidos; y España, que para Naciones Unidas es la potencia administradora de iure.  El conflicto quedó congelado por décadas, a pesar de las flagrantes violaciones a los derechos humanos por parte de la potencia ocupante, el veto francés ha impedido que la misión de las Naciones Unidas en el terreno – MINURSO – tuviera facultades en materia de derechos humanos, un hecho excepcional si lo comparamos con otras misiones de paz.

La farsa del Plan de Autonomía

En 2003 el gobierno marroquí presentó el Plan de Autonomía como única salida al conflicto. Tanto España como Francia fueron funcionales a un proyecto, ilegal, desde el punto de vista del derecho internacional. El fundamento que negaba a los saharauis elegir su propio destino y “legalizar” la anexión del Sahara Occidental.

Marruecos es potencia ocupante en los términos del Derecho Internacional Humanitario y por ende tiene la obligación de aplicar el derecho previo a la invasión (art. 43 del Reglamento de La Haya y 64 de la IV Convención de Ginebra). Las únicas normas que puede dictar es a los efectos de mantener el orden e impedir abusos hacia la población civil. Desde la invasión marroquí al Sahara Occidental, las instituciones y legislación existente, fueron reemplazadas por normas impuestas por Rabat. Asimismo, la llegada de colonos, es una flagrante violación al artículo 49 de la IV de los Convenios de Ginebra.

La anexión marroquí del territorio saharaui, está en contravención art. 43 del Reglamento de La Haya de 1907, y 64 del IV Convenio de Ginebra. Por lo tanto, es abiertamente ilegal aceptar el Plan de Autonomía en los términos fijados por Rabat, no es más que legitimar o avalar la violación del derecho internacional, además de los derechos humanos de los saharauis.

La vaguedad de la propuesta marroquí sobre el “plan de autonomía” llevó al propio De Mistura a cuestionarlo al señalar: “ya es hora de que Marruecos explique su plan de autonomía”. Esto pone en evidencia que estamos ante una de las tantas maniobras dilatorias del régimen marroquí para vulnerar el derecho internacional y llevar a cabo su proceso de asimilación de las zonas ocupadas.

España rehén de la política del majzén, no hace más que ceder a las presiones, posiblemente para evitar un conflicto de mayores proporciones que pongan en riesgo las ciudades españolas de Ceuta, Melilla y las plazas de soberanía. Esta política de contención, desde la perspectiva de Madrid, no es más que una claudicación, donde se ve comprometidos sus intereses nacionales.

El derecho está del lado de los saharauis.

La Corte Internacional de Justicia, en noviembre de 1975, fue contundente al señalar en su dictamen – pedido por Marruecos y Mauritania – que el Sahara Occidental, nunca fue parte de dichos países.

El dictamen del Secretario General Adjunto para Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas, en 2001, Hans Correll, fue clave en materia de la cuestión de los recursos naturales, donde señaló que la titularidad de estos, es el pueblo saharaui.  El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea en una serie de fallos que podemos denominar “históricos” fue claro al señalar que el Sahara Occidental es una entidad distinta de Marruecos, y por ende no le pertenece. Ratificando que el pueblo saharaui es el titular de los derechos sobre los recursos naturales existentes en su territorio como el espacio marítimo circundante.

La realpolitik se impone y los fallos judiciales, como las resoluciones de las Naciones Unidas donde claramente dejan en claro el estatus del Sahara Occidental. No obstante, la Unión Europea mira hacia otro lado ante las violaciones de derechos humanos contra el pueblo saharaui; Estados Unidos sigue siendo un proveedor de armamento avanzado junto a Francia; España avala el plan de autonomía que busca imponer Rabat.

En este contexto encontramos a la República Árabe Saharaui Democrática, proclamada en febrero de 1976. Tiene todos los elementos para ser considerado un estado: gobierno, territorio y población (más allá que gran parte vive exiliada); es reconocida por ochenta países y es miembro fundador de la Unión Africana.  Esto nos lleva a reflexionar que estamos ante la realidad de un estado que tiene gran parte de su territorio ocupado por otro actor.

Las contradicciones en el plano jurídico de Marruecos en lo atinente al Sahara Occidental, no se agota solo en el tratado con Mauritania de 1976, desconocer el dictamen de la Corte Internacional de Justicia de 1975, sino al incorporarse a la Unión Africana en 2017, Rabat aceptó las condiciones de ingreso, entre otras cosas de aceptar la integridad territorial de los estados miembros (entre ellos la República Saharaui).

Desde diferentes perspectivas, sea el Sahara Occidental como Territorio No Autónomo o como Estado, estamos ante una ocupación ilegal. La falta de consensos por parte de determinados actores de la escena internacional, impide lo que dice claramente el derecho, sea respetado.

La partición del Sahara ¿ficción o realidad?

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