La sentencia tiene también importantes implicaciones políticas. Porque al denegar la validez de los acuerdos, por considerar que se celebraron sin recabar el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental, el TJUE reconoce a la excolonia española como territorio distinto al de Marruecos.

Lo cual supone que el máximo intérprete del derecho europeo respalda al Frente Polisario y desautoriza el giro del Gobierno de Sánchez, que avaló en marzo de 2022 el plan de autonomía bajo soberanía marroquí para el Sáhara Occidental.

El TJUE considera que, al no contar con el permiso del territorio africano, la UE y Marruecos vulneraron el principio de autodeterminación por cerrar un trato que sólo era aplicable al territorio marroquí. Y reafirma con ello «el pueblo saharaui es el único titular del derecho a la autodeterminación sobre el territorio», siguiendo la doctrina de la ONU, que considera al Sáhara Occidental un territorio pendiente de descolonización.

Si España dio un vuelco a su posición histórica sobre el conflicto es porque Sánchez apostó por ceder ante Marruecos como vía para cerrar la crisis diplomática desatada por la acogida del frente polisario en nuestro país.

Además, pasar a considerar la soberanía marroquí sobre el Sáhara como «la base más seria, realista y creíble» para resolver el contencioso buscaba la contrapartida de que el país vecino cooperase en el control de los flujos migratorios. Y se justificaba por el alineamiento con EEUU, que había reconocido la soberanía marroquí en 2020 (y con Francia después, que también cambió de posición el pasado julio para apoyar el plan de autonomía).

Pero la realpolitik de Sánchez para con Marruecos se ha topado con la realidad de la legalidad internacional, que reconoce al Sáhara como un territorio pendiente de un referéndum de autodeterminación.

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